Más de 300 adolescentes imputados por bullying

En enero de 2025, dos casos de acoso escolar en la Unidad Educativa «Juan Escalona» de El Hatillo, Caracas, marcaron un hito en la discusión sobre violencia escolar.

En el primer incidente, dos estudiantes agredieron físicamente a una compañera mientras otras grabaron y difundieron el ataque en redes sociales. Días después, otro estudiante fue empujado por las escaleras por un compañero. Estos hechos, viralizados, generaron un debate nacional sobre cómo enfrentar esta creciente ola de violencia.

Más de mil casos registrados
El fiscal general, Tarek William Saab, informó que en los últimos tres años el Ministerio Público recibió más de mil denuncias de acoso escolar. De estos casos, más de 300 adolescentes han sido imputados y se han logrado 81 condenas.
«El bullying no es un juego. Hemos actuado con todo el peso de la ley para evitar tragedias mayores», declaró Saab en enero de 2025.

Saab defiende la aplicación estricta de la ley, incluso para menores de edad, argumentando que la impunidad fomenta la violencia. Tras los casos de El Hatillo, ordenó la detención de los adolescentes agresores, inicialmente imputados por homicidio preterintencional en grado de frustración, un delito que fue corregido a homicidio intencional en grado de frustración, ya que no hubo muerte. También se les imputó por agavillamiento (asociación para delinquir), que podría ser castigado con penas de hasta seis años en centros correccionales.

Mano dura: un debate necesario
La Fiscalía propuso endurecer las penas para menores involucrados en violencia escolar, incluyendo sanciones de hasta seis años de reclusión. Sin embargo, no existe una ley anti bullying en Venezuela que contemple tales penas, pese a rumores difundidos en redes.

Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, sostiene que judicializar a los adolescentes no resuelve el problema de fondo. «El acoso escolar es una problemática compleja que requiere soluciones integrales. Necesitamos fortalecer la educación emocional, la atención psicosocial y capacitar a docentes y padres para prevenir y manejar estos conflictos», señaló.

Desde la Red por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Rednna), se insiste en que la solución no debe centrarse exclusivamente en el castigo, sino en la prevención. «La violencia en las escuelas es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Debemos crear ambientes seguros, con programas efectivos de convivencia y respeto», afirmaron voceros de la ONG.

Propuestas para frenar la crisis
La Fiscalía también ha impulsado iniciativas educativas. Saab visitó el Colegio Juan de Escalona en El Hatillo como parte de un plan de prevención, llevando charlas sobre acoso escolar. Además, en 2022 se presentó un proyecto de ley para prevenir, sancionar y atender el bullying, aunque aún no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional.

Cecodap insiste en que la clave está en la educación. «Es urgente que las escuelas cuenten con psicólogos, mediadores de conflictos y planes de acción para detectar y prevenir estos casos antes de que escalen a la violencia», indicó Trapani.

Rednna propone una campaña nacional de concienciación que involucre a medios de comunicación, redes sociales y comunidades educativas. «Los adolescentes deben entender que la violencia no es la solución y que existen mecanismos para resolver conflictos de manera pacífica», señalaron.

En relación con el incidente de El Hatillo, Trapani señaló que, aunque el video muestra una situación de violencia inaceptable que debe ser rechazada y prevenida, no es suficiente para determinar si se trata de un caso de acoso escolar. El acoso implica comportamientos agresivos, repetitivos e intencionales con un desequilibrio de poder entre pares.

Trapani ha advertido que el problema del acoso escolar no se soluciona judicializando todos los casos. Si bien reconoce la importancia de sancionar conductas violentas, aboga por un enfoque integral que priorice la prevención y la educación, en lugar de depender exclusivamente del sistema judicial.

Destaca Trapani que los casos de acoso son especialmente difíciles de abordar, ya que requieren intervenciones que involucren a la familia y atención psicosocial y pedagógica para la víctima. En cuanto al agresor, es esencial que el adolescente reconozca su comportamiento y las consecuencias del mismo, lo cual es un proceso complejo que toca aspectos personales, familiares, escolares y comunitarios.

La familia, clave para erradicar la violencia
Magdimar León, psicóloga clínica, sostiene que la educación es la principal herramienta para erradicar la violencia. «Es fundamental enseñar habilidades socioemocionales desde la infancia. Los niños y adolescentes deben aprender sobre empatía, resolución de conflictos y manejo de emociones», expresó.

Carlos Trapani enfatizó la necesidad de involucrar a la comunidad educativa. «Los colegios deben implementar programas de mediación escolar donde los estudiantes participen en la resolución de conflictos. Además, es clave que los docentes reciban formación especializada», afirmó.

Ambos expertos coinciden en que la familia juega un papel crucial. «Si no se trabaja en la crianza con afecto y disciplina positiva en casa, la escuela tendrá un reto aún mayor. Los padres deben ser los primeros en educar a sus hijos en el respeto y la tolerancia», concluyó León.

Mientras el debate continúa, cientos de niños y adolescentes siguen sufriendo las consecuencias de un problema que, si no se atiende de manera efectiva, podría seguir escalando. La pregunta que queda en el aire es: ¿estamos haciendo lo suficiente para proteger a nuestros estudiantes?

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