Ministerio Público
Sede del Ministerio Público en la ciudad de Caracas. Foto archivo.

El Ministerio Público (MP) informó sobre nuevas 413 excarcelaciones de personas detenidas en el contexto de la crisis poselectoral, para un total de 1.369, como parte de un «proceso permanente de verificación de casos» junto con el Poder Judicial.

En un comunicado, señaló que «producto de la más reciente jornada de revisión de causas vinculadas» a «los hechos de violencia postelectoral», que se «solicitaron y acordaron», entre el 26 y el 30 de diciembre, «un total de 413 revisiones de medidas».

Estas excarcelaciones, aseguró, que se concedieron en «el marco del respeto e irrestricta observancia a los principios y garantías que consagra la Constitución».

«El Ministerio Público se mantiene firme en su condición de parte de buena fe, objetiva e imparcial, en pro de la defensa de la paz, la justicia y los derechos humanos», agregó en el texto, compartido por el titular de la institución, Tarek William Saab.

Denuncias ONG y César Pérez Vivas

El pasado sábado, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos dijo que 138 detenidos en el contexto de protestas contra el resultado oficial de los comicios de julio -que otorga una cuestionada reelección al presidente Nicolás Maduro- los excarcelaron de dos centros penitenciarios, así como en el anexo para mujeres de una de estas cárceles.

Sin embargo, la ONG denunció que a los excarcelados «se les sigue exigiendo firmar un documento en el que declaran que sus derechos humanos los respetaron» y, de «no hacerlo, no reciben la boleta emitida por el tribunal que les otorga la libertad condicional».

Al respecto, el exgobernador opositor César Pérez Vivas alertó entonces de que el Gobierno «está obligando a los presos políticos excarcelados en las últimas horas a hacer publicidad de que los trataron bien en las cárceles, que les dieron atención médica y alimentos de calidad».

Aseguró que varios «los están obligando a presentarse en Caracas» a comienzos de enero para «asistir a un evento público donde deben decir que a ellos les pagaron para ir a protestas el 29 de julio o que (la líder opositora) María Corina (Machado) les ordenó ejecutar actos de violencia».

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