Caracas.- El Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes en contra de 5 ciudadanos que han pretendido usurpar las funciones de la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela (BCV), así como contra 3 falsos funcionarios de la inexistente Oficina del Procurador Especial designada por Juan Guaidó y contra 3 falsos representantes de Venezuela, que han intervenido en la apropiación del oro de la República Bolivariana de Venezuela, depositado en el Banco de Inglaterra.
Así lo dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien repudió que estos ciudadanos se plieguen a intereses extranjeros para favorecer los intereses de potencias extranjeras y se hayan conjurado para hacer sufrir al pueblo venezolano por escasez de alimentos, medicinas y gasolina, mientras se enriquecen al agredir al país.
Las medidas de judicialización de órdenes de aprehensión y congelamientos de bienes son para: Ricardo Adolfo Villasmil, Giacoma Cuius Cortesia, Manuel Rodríguez Armesta, Nelson Andrés Lugo y Carlos Antonio Suáres por usurpar funciones del BCV; también contra José Ignacio Hernández, Irene De Lourdes Loreto y Geraldine Afiuni; así como contra Vanesa Neumann, Julio Andrés Borges y Carlos Vecchio.
A todas estas personas se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir.
Saab alertó que la sentencia de una corte británica de primera instancia conocida este jueves, pretende negarle al Gobierno venezolano su potestad de disponer del oro de sus reservas internacionales depositado en Inglaterra y darle carácter legal a una operación de despojo al estilo imperial.
“La excusa fue crear un gobierno interno, un parapeto que encontró el gobierno de Trump para despojar a Venezuela de sus activos en el exterior. Esta acción del gobierno británico forma parte de la planificación realizada por el gobierno de Estados Unidos en enero de 2019. Esta planificación fue realizada en la Sala Situacional de la Casa Blanca e incorporó a varios países de la Unión Europea de forma activa; entre ellos el Reino Unido”, enfatizó.
Recordó que el propio John Bolton en su libro, alude que la decisión de no entregar el oro al Banco Central de Venezuela fue concertada entre Trump y el gobierno británico, para impedir que Venezuela disponga de divisas para realizar importaciones pese a que los tratados internacionales establecen que ningún país puede actuar para cambiar el gobierno de otro país, principio establecido en el marco del derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial.
“Se quiere entregar nuestras riquezas a potencias extranjeras, en lugar de emplearse en la compra de medicinas y alimentos necesarios para el país”, repudió el máximo representante del Ministerio Público.
Reiteró que la ficción avalada por un tribunal de 1ª instancia de Inglaterra, bajo el argumento de que el gobierno de Inglaterra reconoció a Guaidó como supuesto Presidente Interino de Venezuela., cargo que no existe en la Constitución, desconoce las sentencias dictadas por el TSJ, en las que se declaró nulo e inexistente el denominado Estatuto para la Transición, así como el nombramiento de la mencionada Junta Directiva Ad Hoc del BCV.
La corte británica ignoró que en realidad ninguno de los miembros de la junta administrativa nombrada por Guaidó vive en el país, sino en EE.UU. y uno en Colombia, dos de los centros de conspiración contra Venezuela.
Además, la decisión desconoce que el embajador del Reino Unido en Venezuela entregó sus cartas credenciales ante el presidente Nicolás Maduro y que las relaciones diplomáticas entre los dos países se llevan a través de la Cancillería venezolana que dirige Jorge Arreaza.
Agencias
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