La ONG venezolana SOS Orinoco denunció este miércoles la «invasión» de mineros ilegales brasileños en zonas cercanas al mayor río de Venezuela, una situación que, aseguró, es permitida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En un video publicado en su cuenta en Twitter, la organización mostró, mediante imágenes satelitales, «la invasión al territorio venezolano que está ocurriendo en estos momentos, por parte de garimpeiros brasileños, en las cabeceras del río Orinoco, tercer río más caudaloso del mundo y hogar del ancestral pueblo Yanomami».
«Los militares venezolanos cobran vacunas (extorsión) para permitirles minar a brasileños, quienes usan a indígenas yanomamis venezolanos como mano de obra casi esclava», afirmó la organización.
Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, dijo a EFE que la ONG ha comparado la explotación de minas en esa zona en el año 2020 con el 2022, y ha logrado demostrar «cómo se ha seguido expandiendo la huella minera en el alto Orinoco».
Aseguró que en esta zona, una de las más biodiversas del mundo y con total prohibición de explotación, se han expandido minas, incluso en espacios cercanos a un puesto de comando de la GNB.
«Resulta indignante ver el show mediático que está haciendo (Nicolás) Maduro (…) pretendiendo (hacer ver) que ellos están acabando con la minería ilegal en Yapacana y en otros parques nacionales en Amazonas. Sin embargo (…) podemos comparar la huella minera de 2020 con la de 2022, y podemos ver cómo se sigue expandiendo la minería ilegal», dijo.
El pasado 19 de junio, el presidente Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) continuar con su «batalla» en el sur del país para «limpiar» de la minería ilegal toda la región de la Amazonía, que limita con Brasil y Colombia.
Se trata, explicó entonces, de «mineros ilegales» de Venezuela, Colombia, Brasil y de Asia que «han causado graves destrucciones a los parques nacionales».
En los últimos dos años, el Gobierno venezolano ha intensificado la lucha contra la minería ilegal en los estados amazónicos, lo que ha dejado decenas de detenidos y numerosas denuncias de ONG sobre presuntos abusos de autoridad por parte de militares contra comunidades indígenas.
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