Representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de agrupaciones gremiales protestaron contra la condena a 16 años de prisión dictada la semana pasada a seis dirigentes sindicales, hecho que ven como el escalamiento de la criminalización de la lucha de los trabajadores en Venezuela.
Durante una manifestación frente a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la dirigente gremial Griselda Sánchez denunció que en el país hay «trabajadores presos, simple y llanamente, por defender sus derechos».
La mujer, representante del sector educativo, rechazó las declaraciones del fiscal general, Tarek William Saab, en las que negó que Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueran miembros de sindicatos.
Al respecto, el activista Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG Provea, aseguró que los sentenciados sí forman parte del movimiento sindical y que algunos de ellos acumulan una «amplia trayectoria gremial».
«Lo que pasó la semana pasada es el anuncio de una ofensiva contra la sociedad independiente, contra los gremios, en momentos en que nos preparamos para una contienda electoral. Entonces, el Gobierno está anunciando el inicio de un proceso de hostigamiento y conflictividad en un contexto preelectoral», sostuvo ante periodistas.
Se trata, dijo, de un «castigo ejemplar contra toda la sociedad venezolana que está movilizándose» en protestas sociales, mientras que, además, se han producido unos 650 conflictos laborales colectivos en lo que va de año, según estimaciones del Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
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