Al menos 4.603 civiles, entre ellos 659 mujeres y 490 niños, han muerto a manos de la Junta Militar de Birmania (Myanmar) desde el golpe de Estado que la llevó al poder en febrero de 2021, denunció este viernes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk.
«Birmania se ha transformado en una pesadilla infinita», resumió el alto comisionado en el debate sobre la situación de Birmania en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde pidió a la comunidad internacional que aumente su presión para acabar con los abusos de los militares birmanos.
«En especial deben emprenderse acciones significativas y eficaces para acabar con el acceso de los militares a armamento, combustible para su fuerza aérea y divisas extranjeras, todo ello utilizado para sostener su campaña de represión», afirmó.
400 fueron quemados
Türk denunció que al menos 400 de los civiles asesinados por los militares birmanos fueron quemados (algunos de ellos vivos, otros poco después de ser ejecutados), lo que en su opinión muestra «el escalofriante desprecio por la vida humana» de la Junta.
Muchos de los asesinatos de civiles actualmente son causados por bombardeos aéreos contra zonas pobladas, indicó el alto comisionado austríaco, quien señaló que sólo el pasado mes de enero un 60 % de las muertes denunciadas (145 de 232) se atribuyeron a estos ataques con armamento pesado.
Türk denunció por otro lado que en los estados birmanos de Shan, Rakhine y Kachin la Junta Militar emplea milicias ultranacionalistas y recluta a la fuerza a miembros de diferentes etnias con el fin de provocar tensiones interétnicas.
«En algunas zonas los militares han secuestrado a personas para obligarlas a unirse al servicio militar, y en otros amenazan a comunidades enteras con incendiar sus pueblos si sus jóvenes no se alistan», indicó el jefe de derechos humanos de la ONU.
Alistamiento obligatorio
También mostró su preocupación por la reciente orden de alistamiento obligatorio para todos los hombres birmanos de entre 18 y 35 años y las mujeres de 18 a 27, lo que consideró «una muestra de la ausencia de Estado de derecho».
Türk recordó asimismo que más de 20.000 opositores a la Junta Militar están privados de libertad, y que al menos 1.658 personas fallecieron en centros de detención donde se aplica sistemáticamente la tortura.
El alto comisionado subrayó el especial acoso a la etnia musulmana de los rohinyás, quienes «tras décadas de sistemática discriminación, represión y desplazamiento forzado viven hoy esencialmente prisioneros en poblados y campos de internamiento», mientras un millón de ellos están refugiados en la vecina Bangladesh.
Desde noviembre de 2023 la Oficina de la ONu para los Derechos Humanos que dirige Türk ha recibido denuncias de al menos 200 muertos en el estado de Rakhine, donde vive la mayor parte de esa comunidad rohinyá en Birmania.
Los ataques han seguido alimentando el prolongado éxodo de esta etnia: Türk recordó que el pasado año 5.000 rohinyás emprendieron peligrosos viajes en barco para huir a otros países, mientras unos 150.000 se desplazaron a diversas zonas del país.
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