La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó este viernes de la presencia de grupos armados ilegales en el departamento del Chocó (oeste), por lo que pidió al Gobierno «medidas inmediatas» para proteger a la población afectada, principalmente indígenas y afrodescendientes.
Desde hace semanas, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se enfrentan en la región del Medio San Juan con hombres del Clan del Golfo, la principal banda criminal colombiana, lo que ha dejado cerca de 4.000 desplazados y más de 12.000 personas confinadas, según cifras de la Gobernación del Chocó.
La Oficina de la ONU dijo hoy en su cuenta de X que recibió información «sobre presencia y acciones de grupos armados no estatales desde el 26 de febrero en San Juan, en Bajo Baudó y litoral del San Juan (Chocó), poniendo en riesgo a la población civil».
«Urgimos al Estado medidas inmediatas de protección», expresó el organismo.
Igualmente dijo que las comunidades en mayor riesgo son el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), la Juntanza Interétnica del Bajo Calima y las comunidades indígenas del pueblo wounaan, ubicadas en los municipios de Medio San Juan, Istmina, Sipí, Nóvita y Litoral del San Juan.
«Desde al menos el 25 de febrero hay confinamiento de la población civil y restricciones a la movilidad, incluso prohibición de usar lanchas, bajo amenaza», agregó el organismo.
Por todo lo anterior la Oficina llamó «a las autoridades responsables, particularmente fuerza pública, a adoptar medidas de prevención y protección eficaces en el marco de la política de seguridad del Ministerio de Defensa para la población del Chocó en riesgo».
A propósito de la situación en el Chocó y en la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, entre otros, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reconoció en una entrevista con EFE que Colombia vive una situación humanitaria «especialmente delicada» por múltiples emergencias derivadas del conflicto armado.
Marín cree que el fortalecimiento de los grupos armados ilegales ha hecho que el Estado pierda en algunas partes control territorial, pues hay 708 municipios del país, de un total de 1.104, sobre los que la Defensoría del Pueblo ha alertado de la presencia de esas organizaciones.
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