La Defensoría del Pueblo de Bolivia presentó este sábado un balance sobre la operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas destinada a liberar las carreteras del departamento de La Paz. Según el organismo, los enfrentamientos entre agentes y manifestantes resultaron en la detención de 47 personas y dejaron al menos cinco heridos, algunos con lesiones de gravedad.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, precisó que los 47 arrestos se produjeron en las ciudades de La Paz y El Alto. La institución monitorea la situación jurídica de los aprehendidos para garantizarles el acceso a la defensa pública. En cuanto a los heridos, se reportaron cinco ciudadanos con afectaciones oculares y faciales de consideración que ya reciben atención médica. Callisaya enfatizó que la prioridad absoluta debe ser la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados.
Hostilidad contra la prensa
Un aspecto crítico de la jornada fue la obstrucción de la labor informativa. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció que dos periodistas fueron víctimas de una emboscada en el sector de Lipari, al sur de La Paz. En este punto, los manifestantes utilizaron piedras y explosivos para forzar el retiro de las autoridades. Uno de los comunicadores fue retenido violentamente por varios minutos y su equipo de trabajo fue destruido, lo que motivó un llamado urgente de la Defensoría para proteger la libertad de prensa.
Uso de dinamita y repliegue estratégico
La operación militar y policial buscaba inicialmente establecer un «corredor humanitario» para el transporte de combustible y oxígeno medicinal. Sin embargo, en zonas como Río Seco, en El Alto, los sectores movilizados respondieron al uso de gases lacrimógenos con cargas de dinamita y pedradas. Ante la virulencia de los choques, el Gobierno nacional ordenó el repliegue de las fuerzas de seguridad para evitar un «derramamiento de sangre», permitiendo solo un desbloqueo parcial de la ruta hacia Oruro.
Búsqueda de una salida negociada
Tras once días de conflicto impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos —quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz—, la Defensoría del Pueblo busca activar canales diplomáticos. Callisaya informó que se encuentran analizando, junto a la Iglesia católica, la creación de un espacio de diálogo que permita la desescalada de la violencia y la reconciliación entre los sectores en pugna.
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