Fotografía de archivo del excandidato a la presidencia de Venezuela Enrique Márquez, en Caracas (Venezuela). EFE/Manuel Díaz

El excandidato opositor Enrique Márquez, quien compitió contra Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, recibió este jueves su primera visita en el centro de reclusión donde se encuentra tras nueve meses de lo que su esposa Sonia Lugo calificó como «injusto encarcelamiento».

«Hoy, después de nueve largos meses de espera y sufrimiento, he podido ver a mi esposo, Enrique Márquez, por primera vez tras su injusto encarcelamiento», expresó Lugo en las redes sociales del político.

Asimismo, aseguró que Márquez «se encuentra en perfecto estado de salud, fuerte, firme y más convencido que nunca de sus principios y valores».

El excandidato fue detenido en enero pasado, acusado de planear un supuesto «golpe de Estado» el 10 de enero, día en que Maduro asumió su tercer mandato consecutivo luego de una elección que la oposición considera fraudulenta.

En paralelo, otros opositores venezolanos, como Jesús Armas, exconcejal de Caracas, y Luis Somaza, activista del partido Voluntad Popular, también lograron visitas luego de largos meses de incomunicación, informaron sus familiares.

La pareja de Armas, Sairam Rivas, indicó en X que tras casi diez meses de «injusta y arbitraria detención» desde diciembre de 2024, el exconcejal pudo finalmente contactar con su familia. «Jesús se mantiene firme y sólido en sus convicciones, con la certeza de que saldrá fortalecido en medio de tanta injusticia», añadió.

Por su parte, Luis Somaza, detenido en febrero, recibió la visita de sus padres luego de 238 días de aislamiento, según informaron sus familiares en la cuenta oficial del opositor.

Además, María Costanza Cipriani, esposa del abogado Perkins Rocha —aliado de la líder opositora María Corina Machado—, informó que pudo visitarlo tras más de trece meses detenido e incomunicado, y demandó que se le conceda la «libertad plena».

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela, hasta el 6 de octubre, un total de 841 presos políticos, cifra difundida este jueves y que contradice la posición oficial del Ejecutivo y la Fiscalía, quienes niegan la existencia de presos políticos y sostienen que los detenidos han cometido delitos.

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