El coronel retirado de la Policía colombiana Manuel González Henríquez, que fue director de Protección del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, Policía secreta), fue enviado a detención domiciliaria por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial de izquierdas Carlos Pizarro Leongómez, perpetrado hace 34 años.
Así lo informó este viernes la Fiscalía en un comunicado en el que señala que González fue vinculado formalmente como presunto responsable «de los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas».
Según la Fiscalía, el oficial supuestamente modificó de forma imprevista el «esquema de seguridad del dirigente político», con lo cual se habría «facilitado la ejecución del plan criminal».
Por eso deberá cumplir «medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia», agregó la información.
Pizarro fue el último jefe de la guerrilla M-19, del cual hizo parte en su juventud el hoy presidente colombiano, Gustavo Petro, y el 9 de marzo de 1990 firmó la paz con el Gobierno del entonces presidente Virgilio Barco (1986-1990).
Tras dejar las armas, Pizarro se convirtió en candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19 (ADM-19), grupo político que nació tras la desmovilización de esa guerrilla.
Sin embargo, el 26 de abril del mismo año fue asesinado en un avión de Avianca cuando volaba de Bogotá a Barranquilla para hacer campaña electoral. El crimen fue cometido por un sicario que se levantó de su silla y en pleno vuelo le disparó varias veces en la cabeza.
El autor material del crimen, Gerardo Gutiérrez Uribe, fue abatido en el mismo avión por uno de los escoltas del exjefe guerrillero.
Carlos Pizarro era el padre de la hoy senadora María José Pizarro y de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, ambas de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, de la que hace parte Petro.
Cambios en el esquema de seguridad
El coronel retirado tuvo a su cargo entre 1989 y 1990 la coordinación de los esquemas de protección de candidatos presidenciales, altos funcionarios del Estado y otras personalidades públicas.
Según la Fiscalía, González supuestamente «aprovechando este cargo realizó cambios y rotaciones imprevistas del personal de seguridad del dirigente político, lo cual facilitó el actuar del sicario y el cumplimiento del plan criminal».
La Fiscalía declaró en 2010 como crimen de lesa humanidad el homicidio de Pizarro, con lo cual no prescribe.
Un fiscal de derechos humanos consideró que la muerte de Pizarro formó «parte de un plan ejecutado con conocimiento y de forma sistemática en contra de dirigentes de izquierda» por grupos de las extintas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Por este mismo proceso fueron condenados los fallecidos hermanos Vicente y Carlos Castaño, fundadores de las AUC, que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 tras un acuerdo con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.
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