El Parlamento Europeo debatió este martes la regularización en España de alrededor de medio millón de migrantes irregulares, reavivando la brecha entre conservadores –que acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de generar un «efecto llamada»– y progresistas, que defienden la «dignidad» de estas personas.
La popular Dolors Montserrat cargó contra Sánchez por «fabricar una regularización masiva para 800.000 migrantes sin verificar antecedentes penales ni policiales, a la fuerza y por decreto». Lo tildó de «atentado contra la política migratoria europea» que sabotea el Pacto de Migración y Asilo, abre brechas en Schengen, alimenta mafias y tiene «consecuencias devastadoras» para los 27 Estados miembros.
La socialista Iratxe García contrapuso que estos migrantes «son parte de nuestras comunidades, pero se les niegan derechos básicos». «Mantenerlos en la sombra no es firmeza, es hipocresía. Sacarlos de la clandestinidad no es debilidad, es dignidad», argumentó.
Desde Vox, Jorge Buxadé calificó la migración «masiva y descontrolada» como un «peligro existencial para Europa», más allá de la seguridad: implica «desaparición de barrios, costumbres, leyes e instituciones», con matrimonios fraudulentos, poligamia, abuso de ayudas y suburbios sin trabajo.
El independiente Diego Soler (ex Se Acabó la Fiesta) advirtió que el mensaje de España es «entrar ilegal, esperar y quedarse», rompiendo la confianza en Schengen al decidir sin garantías sobre libre circulación.
Los progresistas contraatacaron: Jaume Asens (Comunes) acusó a la «extrema derecha trumpista» de «caricaturas racistas» y rechazó una «Europa de la Gestapo»; Irene Montero (Podemos) criticó ver a los migrantes como «gente a la que machacar» y citó la Biblia: «Trátenlos como querrían que los trataran a ustedes». Oihane Agirregoitia (PNV) defendió la medida por la pérdida poblacional de la UE.
La regularización extraordinaria beneficia a quienes acrediten cinco meses de residencia hasta finales de diciembre. Aunque no hay datos oficiales por nacionalidad, Funcas estima 840.000 irregulares en España –91% latinoamericanos, sobre todo de Colombia, Perú y Honduras–, cifra en ascenso.
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