Esta semana se celebrará la cuarta ronda de contactos entre ambos equipos negociadores, la última antes de un encuentro de alto nivel para evaluar si hay progresos suficientes para seguir confiando en un acuerdo antes de la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea (UE), a final de año.
Las posiciones son por ahora irreconciliables y el reloj corre en contra de los negociadores. Las discusiones no pueden estirarse en esta ocasión hasta el último minuto, justo antes de la medianoche del 31 de diciembre, porque el proceso de ratificación de un acuerdo comercial por parte de la UE es complejo y precisa cierto tiempo.
Un tratado simple puede ser aprobado directamente por las instituciones de Bruselas, pero si el texto es más ambicioso y cubre aspectos reservados a las legislaciones de cada país, como el transporte y la aviación, 27 parlamentos nacionales y siete regionales deben dar su visto bueno.
Los gobiernos y las empresas necesitarán además tiempo para adaptarse a la nueva realidad, por lo que los términos del eventual tratado no deberían entrar en vigor de un día para otro. El Reino Unido, por ejemplo, deberá poner en marcha previsiblemente un nuevo sistema aduanero que requerirá en torno a 50.000 agentes fronterizos.
Por otro lado, la crisis del coronavirus ha obligado a detener los contactos durante semanas y ha congelado las economías de la mayoría de países implicados, lo que agrega aún más incertidumbre al proceso.
Stefaan de Rynck, asesor del equipo negociador europeo, ha advertido esta semana en un evento organizado desde Londres de que el fin del periodo de transición traerá inevitablemente consecuencias «negativas a corto plazo», y ha alertado de que se sumarán al golpe económico del COVID-19 si la ruptura definitiva se produce en diciembre.
«La pandemia no solo hace que un ‘shock’ como este en diciembre llegaría en el peor momento posible, sino que ha desviado y paralizado a todos los actores» que participan en la negociación, ha señalado por su parte Dmitry Grozoubinksi, antiguo negociador de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Estos son algunos de los posibles escenarios que permitirían alargar el tiempo disponible para forjar una nueva relación bilateral:
EXTENDER EL PERIODO DE TRANSICIÓN
El acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea establece el 30 de junio como fecha límite para extender el periodo de transición del Brexit más allá de 2020, lo que evitaría el «borde de acantilado» que se aproxima al final de este año.
El Gobierno británico, sin embargo, insiste en que no tiene intención de utilizar ese mecanismo.
Si se extendiera la actual transición, el Reino Unido continuaría integrado en el mercado único y la unión aduanera europea, lo que entorpecería sus arreglos comerciales con terceros países, y debería seguir contribuyendo al presupuesto comunitario, un asunto políticamente inconveniente para el primer ministro británico, Boris Johnson.
MODIFICAR EL ACUERDO DE SALIDA
Si se sobrepasa la fecha del 30 de junio sin que se haya activado el mecanismo previsto para extender la transición, todavía cabría la posibilidad de modificar la fecha de la ruptura definitiva cambiando los términos del acuerdo de salida que se ratificó en enero.
Más allá de los problemas que podría acarrear reabrir un texto que costó definir más de dos años, reescribir un acuerdo internacional ya aprobado puede significar adentrarse en un laberinto legal para Bruselas y puede requerir el visto bueno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según un análisis del «think tank» británico Institute for Government (IfG).
«Esta opción tiene la ventaja de que permite retrasar el compromiso sobre una extensión, pero los riesgos legales y políticos sugieren que ninguno de los dos lados deberían depositar su confianza en ella», advierte un informe de ese grupo de pensamiento.
CREAR UN NUEVO PERIODO DE TRANSICIÓN
Si los obstáculos técnicos para modificar el acuerdo de salida más allá del 30 de junio desaconsejan esa vía, Londres y Bruselas podrían redactar un nuevo tratado que establezca un periodo de transición de la duración que consideren adecuada.
Esta opción también tiene riesgos. Los negociadores deberían previsiblemente detener los contactos sobre la futura relación para centrarse en los nuevos términos de la transición, también polémicos y complejos.
Ese retraso supondría un problema político para Johnson, que ganó las elecciones a finales de 2019 con la promesa de materializar el Brexit cuanto antes y abrir el capítulo del «Reino Unido global» con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y otros países.
Acordar a tiempo una nueva transición tampoco estaría asegurado, por lo que la amenaza de una ruptura abrupta a final del año se mantendría hasta el último momento, con las dificultades que acarrearía la incertidumbre para las empresas y los ciudadanos de ambos lados del canal de la Mancha.
En cambio, Londres podría preferir esta opción porque abriría la puerta a pactar condiciones más favorables durante esa renovada transición.
– FASE DE IMPLEMENTACIÓN EN UN ACUERDO COMERCIAL
Si se apuran las fechas pero se logra un acuerdo comercial poco antes del final de este año, podría incluirse en ese texto un periodo de implementación a fin de que el 1 de enero de 2021 no se produzca un cambio de regulación abrupto, sin tiempo para que ambos lados se hayan preparado con antelación.
Durante esa fase intermedia, el Reino Unido podría continuar integrado como hasta ahora en el mercado único, o bien abandonar una parte de las estructuras comunitarias, como las políticas agrarias y pesqueras comunes, lo que facilitaría sus arreglos con terceros países.
– FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE UN BREXIT SIN ACUERDO
Si todo lo demás falla, ambos lados podrían pactar un periodo de gracia antes de que los intercambios entre ambos lados del canal pasen a regirse por las normas básicas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Ese escenario no solo pondría en jaque al comercio, sino que dejaría en el aire otros muchos aspectos de la relación bilateral, como cuestiones de seguridad compartida y el acceso mutuo a los servicios financieros.
Guillermo Ximenis EFE
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