Río de Janeiro, Brasil. El aumento de la deforestación de la Amazonía y de los incendios forestales; el desmantelamiento de políticas ambientales y de fiscalización, y duros ataques a los ecologistas es el saldo ambiental del primer año de Gobierno de Jair Bolsonaro, que asumió como presidente de Brasil el 1 de enero de 2019.
El año 2019 comenzó con la amenaza de un recién investido Bolsonaro de retirar a Brasil del Acuerdo de París sobre cambio climático y concluyó con el amplio rechazo internacional a las maniobras promovidas por la delegación brasileña para impedir acuerdos más ambiciosos en la Cumbre de Madrid (COP25).
Las tragedias ambientales comenzaron en enero con la ruptura de una represa de residuos minerales en la ciudad de Brumadinho que provocó la muerte de 270 personas y un derrame de 9,7 millones de metros cúbicos de lodo sobre 290 hectáreas de tierras.
Otras tragedias fueron la deforestación amazónica, que subió hasta 9.762 kilómetros cuadrados en 2019, con un crecimiento del 29,5 % frente a 2018, y los incendios forestales en la Amazonía, el Pantanal y la Sabana brasileña, que arrasaron 113.000 kilómetros cuadrados entre enero y agosto, un área 87 % mayor a la del año anterior.
El año concluyó con un derrame de petróleo en alta mar por causas aún desconocidas y que esparció manchas de crudo en unas 900 playas del nordeste de Brasil, provocando el mayor desastre ambiental de su tipo en la historia del país.
«En su primer año como presidente, Bolsonaro dejó claro que proteger el medio ambiente no es prioridad de su gestión. Por el contrario, el Gobierno no sólo impulsa una agenda de destrucción ambiental como se convirtió en una amenaza constante para quien intenta defender el medio ambiente», dijo a Efe un portavoz de Greenpeace.
«En su primer año de Gobierno lo vimos cortar el presupuesto para el medio ambiente, desautorizar las acciones de fiscalización, disminuir la capacidad de operación de los órganos fiscalizadores, liberar un número récord de agrotóxicos, amenazar con permitir la minería y la agropecuaria en las tierras indígenas, poner fin a la demarcación de nuevas reservas y hacer recurrentes ataques a las organizaciones ecologistas», resume Greenpeace.
Para el coordinador de comunicación de la ecologista Observatorio del Clima, Claudio Ángelo, Brasil llega al final del primer año de mandato de Bolsonaro hundido en una grave crisis ambiental.
«Varios indicadores permiten decir eso: la deforestación en la Amazonía es la mayor en una década y tuvo en 2019 su tercer mayor crecimiento porcentual en la historia; el número de invasiones a reservas indígenas creció un 44 % en un año; y los incendios forestales alcanzaron un nivel récord en agosto y sólo se redujeron porque el Gobierno fue obligado a actuar por amenazas de los mercados internacionales», afirmó Ángelo a Efe.
El Gobierno de Bolsonaro también autorizó el cultivo de caña de azúcar en la Amazonía y el Pantanal, y aprobó el uso de un récord de 410 agrotóxicos, la tercera parte de ellos prohibidos en Europa.
El líder ultraderechista no sólo culpó de varios de los problemas a los propios ecologistas, incluso de los incendios, sino que se involucró en disputas internacionales para defender sus posiciones.
Primero ahuyentó a Alemania y Noruega, principales patrocinadores del Fondo Amazonía; tuvo una acalorado intercambio de mensajes con Emmanuel Macron luego de que el presidente francés le pidiera cuidar de los incendios a la Amazonía; y finalmente llevó a varios países a poner en duda si ratificarán el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea ante la falta de compromiso de Brasil con el medio ambiente.
Según Ángelo, Bolsonaro prometió durante su campaña electoral acabar con la represión a los crímenes ambientales, subordinar el Ministerio de Medio Ambiente al de Agricultura, retirar a Brasil del Acuerdo de París y acabar con todo tipo de activismo. «Y por vías indirectas está haciendo exactamente lo que prometió», dijo.
«La prueba de que la política ambiental fue desmontada es que el Ministerio de Medio Ambiente ejecutó en 2019 un presupuesto equivalente al 8 % de todo lo gastado en 2018. Bolsonaro es la mayor amenaza al medio ambiente y a la diversidad desde que Brasil recuperó su democracia. Cualquier ciudadano tiene que tener el imperativo moral de combatir su política antiambiental», concluyó.
Greenpeace tiene la misma opinión. «El Gobierno tiene un plan claro para el medio ambiente que es destruir el bien común. Y nosotros, de Greenpeace, no podemos asistir con los brazos cruzados. Vamos a buscar alternativas y a presionar el Congreso para que no apruebe leyes perjudiciales», según la organización.
EFE
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