El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firmó este miércoles el decreto de abrogación de la controvertida ley de tierras, una normativa que había desencadenado una ola de protestas y movilizaciones sociales en distintos puntos del territorio nacional. La decisión se produce tras la presión ejercida por comunidades campesinas e indígenas que marcharon desde la Amazonía hasta la sede de Gobierno.
A través de un video oficial difundido por la Presidencia, el mandatario confirmó el cese inmediato de la normativa. «Como resultado del diálogo, como resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos, la ley 1720 fue abrogada. ¿Qué significa la palabra abrogación? Eliminación, ya no existe, se acabó esa ley», enfatizó Paz, buscando dar claridad sobre el estatus legal del documento.
Un llamado al consenso agrario
El mandatario, que cumplió seis meses en el cargo el pasado 8 de mayo, reconoció que la anulación de la ley deja un vacío que debe ser llenado con una propuesta superadora. Paz sostuvo que es imperativo trabajar en una nueva legislación sobre la tenencia y uso de la tierra, pero bajo una metodología distinta: «con consensos, socializando, escuchando a todos los sectores».
Crisis social
La ley 1720 no solo fue rechazada por los pueblos indígenas de las tierras bajas, sino que también provocó la reacción de otros sectores sociales que mantienen bloqueos en carreteras estratégicas del país. Con esta medida, el Ejecutivo espera restablecer la transitabilidad y desactivar los focos de conflicto que han marcado el primer semestre de su administración.
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