La organización No Gubernamental (ONG), Transparencia Venezuela, denunció el riesgo que significa para el país los manejos opacos de las finanzas y recursos, por parte del interinato que lidera el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, Juan Guaidó, desde hace dos años y medio.
A través de un extenso comunicado, la instancia, cuestionó la ausencia de investigaciones parlamentarias conclusivas y de sanciones políticas o votos de censura contra los señalados de incurrir en procedimientos administrativos poco transparente e irregulares que han sido puestos en evidencia tanto por altos funcionarios del interinato -actuales y retirados-, como por pesquisas y reportajes realizados por diversos medios de comunicación.
Estos últimos han recogido -entre otras- las acusaciones de supuestos sobornos para la recuperación de activos de Venezuela, y la contratación irregular de escritorios jurídicos en el exterior. La ONG también advierte “la inexistencia de canales de acceso a la información pública en los portales del Ejecutivo y Legislativo del interinato”.
Transparencia Venezuela realizó un análisis pormenorizado de distintos casos, acusaciones y hechos que han arropado al Gobierno interino desde enero de 2019, fecha a partir de cual comenzó a hacerse con el control de algunos activos del país en el exterior, con el aval de una parte de la comunidad internacional.
Una de las situaciones más “delicadas”, según la ONG, fue revelada recientemente por el actual Procurador Especial del interinato, Enrique Sánchez Falcón, quien afirmó que no se ha aprobado el presupuesto 2021 necesario para contratar a los apoderados judiciales que actuarán en la defensa de los intereses de Venezuela, en juicios que se celebran en varios países.
Alertó que la falta de atención y de recursos para actuar en los litigios que se han intentado contra la República, comprometen la defensa de 24 mil millones de dólares que constituyen bienes de Venezuela o inversiones de la República.
Entre los litigios que no cuentan con presupuesto para el pago de honorarios de los bufetes, está el de los Bonos Pdvsa 2020, cuya apelación requiere 70 mil dólares, así como el arbitraje de la empresa Conoco.
Caso Monómeros
Otro de los temas en los cuales puso la lupa Transparencia Venezuela fue el de la opacidad en la gestión de Monómeros -compañía filial de Pequiven con sede en Colombia-, por parte de la directiva designada por la AN de Guaidó.
Recientemente, la Superintendencia de Sociedades –organismo del Estado colombiano- ordenó una medida de control sobre Monómeros que implica un proceso de fiscalización severa y la presentación de un programa de reestructuración:
“La decisión de la Superintendencia de Sociedades sobre la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos y las diferentes y contradictorias fuentes de información sobre la gestión de la empresa muestran el riesgo de la opacidad en la gestión pública ligada al Gobierno interino (…) Ni la Comisión Delegada de la AN ni su Junta Directiva han aclarado los hechos que motivan la medida administrativa de control por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia”, acota.
Otros de los casos mencionados por la ONG son los de Citgo en Estados Unidos y el de las cuentas bancarias de organismos del Estado venezolano en otros países, así como los pagos de obligaciones entre las que se encuentran los bonos PDV 2020 emitidos por Petróleos de Venezuela.
El ex Procurador Especial José Ignacio Hernández señaló, en una declaración a la Voz de América sobre el caso Citgo, que existen “más de 60 litigios en Estados Unidos”.
“Esos litigios hoy día continúan. Cada vez la situación se complica más porque los acreedores de Venezuela han venido esperando, al menos, desde el año 2017”, que se realice algún tipo de pago.
Sin rendición de cuentas
Otro de los casos abordados es el de la Rendición de Cuentas del Fondo de Liberación, de la Junta Administradora Ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), de la Procuraduría Especial y de las Juntas Administradoras de las empresas Pdvsa, Pequiven, CVG y Bandes.
“Aún no conocemos las rendiciones del Contralor Especial, del Consejo Nacional de Defensa Judicial y de la propia Presidencia. El Consejo de Administración del Gasto, responsable del Fondo de Liberación, no publicó el informe exhaustivo con los datos de la administración financiera en formato abierto”.
Agrega que el 21 de julio se hizo una rendición de cuentas virtual en la que se explicaron las funciones del Consejo de Administración de Gastos, los desafíos y los logros en la ejecución de recursos (US $61.1 millones de los US $80 millones presupuestados en 2020)”.
Sin embargo, en esta última rendición, “no se detallaron las fuentes de ingreso ni las fechas exactas en las que se tuvo la disponibilidad de los recursos, y los gastos no fueron presentados según la clasificación funcional (o sectorial) ni por partidas del clasificador presupuestario vigente”.
De igual forma, se advierte que ni el portal de la Asamblea Nacional ni el del Gobierno interino “contienen información pública y datos de gestión. No hay registro público de contratos autorizados por la administración de Guaidó, ni es posible auditar a las comisiones de la AN ni a las presidenciales. Son deficientes respecto a ‘oportunidad, calidad, utilidad y transparencia de los contenidos’”.
Advertencia al interinato
Transparencia Venezuela advirtió que la opacidad de manejos de recursos por parte del interinato constituye un riesgo de posibles conflictos de interés, de discrecionalidad, de abuso y de corrupción.
“La opacidad es la negación de la rendición de cuentas y del respeto al sistema democrático, donde activos e intereses públicos no son propiedad de los gobernantes, quienes no pueden decidir libremente sobre ellos y deben responder a instituciones y a ciudadanos”.
Subraya la ONG que el Gobierno interino debe entender la urgencia y necesidad que tiene el país de contar con un organismo de control, con capacidad para prevenir irregularidades. “La falta de capacidad conlleva riesgos de corrupción y pérdidas por ineficiencias”.
“Hacemos un llamado al Gobierno interino, a su presidente Juan Guaidó, y a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 que respondan al país sobre todas las alertas que se han expuesto por sus mismos funcionarios y a través de medios de comunicación; que rindan cuentas de calidad publicando los informes con soportes y en formatos abiertos. Que promuevan investigaciones independientes y presenten resultados de las denuncias hechas”, agrega.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
