El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago recortó en un 82% los permisos de trabajo otorgados a ciudadanos venezolanos, bajando de 4.275 autorizaciones en 2024 a apenas 757 en 2025, en un contexto marcado por la crisis diplomática y migratoria entre ambos países.
Este año solo se autorizaron dos tandas de permisos para venezolanos reinscritos: 480 en marzo y 277 en junio, todos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025. Desde la implementación en 2019 del Marco de Registro de Migrantes, más de 16.000 venezolanos habían obtenido permisos para trabajar legalmente, con renovaciones anuales.
Sin embargo, la situación de los migrantes se ha tornado vulnerable debido a denuncias de explotación laboral, discriminación y deportaciones por delitos. Entre 2020 y agosto de 2025, 55 venezolanos han sido asesinados en Trinidad y Tobago, incluyendo mujeres y casos relacionados con narcotráfico.
Recientemente, el Ministerio emitió un memorándum para ejecutar una deportación masiva de inmigrantes indocumentados, lo que ha generado preocupación y rechazo, incluido por parte del gobierno venezolano y defensores de derechos humanos.
El abogado Criston J. Williams alertó que la presencia de migrantes indocumentados podría representar riesgos de seguridad nacional, incluyendo la posible infiltración de narcoterroristas y agentes encubiertos.
Las tensiones aumentaron con la llegada del destructor estadounidense USS Gravely a Puerto España, y el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que Trinidad y Tobago actúa como «portaviones del imperio estadounidense», llamando al pueblo caribeño a evitar un conflicto en la región.
Empresarios locales advierten que la reducción abrupta de permisos afectará la fuerza laboral y la economía, ya que los venezolanos representan un alto porcentaje en sectores como la construcción y servicios.
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