El Gobierno de Venezuela apeló este lunes la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), que el pasado 27 de junio autorizó reanudar la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país caribeño.
En un comunicado, la llamada revolución bolivariana informó que presentó sus fundamentos ante la Sala de Apelaciones, al considerar que se «incurrió en seis errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional».
«Entre las graves violaciones denunciadas, se alegó que la Sala de Cuestiones Preliminares desechó sin fundamento la mayor parte de las pruebas presentadas por Venezuela en la investigación y sanción de delitos contra los derechos humanos acaecidos en el país», dice el escrito.
Asimismo, el Gobierno asegura que las «pocas pruebas valoradas por dicha Sala fueron seleccionadas por la Fiscalía de la CPI en perjuicio de Venezuela».
El país suramericano reiteró que todo este proceso, que comenzó en 2018, «tiene una clara motivación política y se inscribe dentro de la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por potencias extranjeras contra el país, sobre la base de una falsa acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido».
El Gobierno de Nicolás Maduro «continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles en el derecho internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación contra esta ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la CPI con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser», concluye el texto.
A finales de junio, la CPI señaló que el enfoque de las investigaciones internas hechas por las instituciones venezolanas «parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel».
Asimismo, subrayó que estas averiguaciones son «limitadas» y que, «en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable».
Aunque la corte ve que Venezuela está tomando «algunas medidas de investigación», considera que «sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación» total, sobre todo, en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual.
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