El dirigente político venezolano Freddy Superlano, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, lleva detenido desde el 30 de julio de 2024, bajo circunstancias calificadas de desaparición forzada y aislamiento total. Su partido ha denunciado repetidamente que durante más de 15 meses el opositor no ha tenido acceso a visitas ni defensa legal, situación que consideran un atentado contra los derechos humanos y la democracia en Venezuela.
Superlano fue detenido dos días después de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición y la comunidad internacional, en las que se proclamó vencedor al presidente Nicolás Maduro. La detención fue llevada a cabo por funcionarios con el rostro cubierto, un método habitual en los casos de represión política en el país.
Tarek William Saab
El fiscal general Tarek William Saab vinculó a Superlano con la filtración de actas electorales que la oposición sostiene como prueba de fraude. Sin embargo, su encarcelamiento es visto por organizaciones como Foro Penal y sindicatos de derechos humanos como parte de una escalada represiva contra las voces críticas y líderes políticos.
Superlano, exdiputado entre 2016 y 2021 y candidato regional en 2021, representa una figura clave para la oposición democrática, cuya ausencia implica un golpe a la lucha por la libertad en Venezuela. Familias, ONG y actores internacionales continúan exigiendo su liberación inmediata y denuncian la política sistemática de persecución.
En medio de un clima de creciente autoritarismo, Venezuela cuenta con al menos 875 presos políticos, de acuerdo con reportes recientes, mientras el Gobierno y las autoridades judiciales niegan estas cifras y atribuyen las detenciones a procesos judiciales legítimos.
El caso Freddy Superlano simboliza las tensiones políticas en Venezuela y la dificultad de ejercer la oposición en un contexto de restricción a las libertades fundamentales.
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