El excandidato a la Presidencia de Ecuador y activista ambiental Yaku Pérez presentó este miércoles una demanda de inconstitucionalidad frente al manual de consulta previa presentado por el presidente Daniel Noboa en la mayor feria minera del mundo (PDAC) en Toronto (Canadá).
Este manual para aplicar la consulta previa, libre e informada, a la que tienen derecho los pueblos indígenas donde se vayan a realizar proyectos de inversión como concesiones de industrias extractivas, fue emitido por el Ministerio de Energía y Minas el pasado 6 de marzo a través de un acuerdo ministerial.
Para Yaku Pérez y un grupo de colectivos indígenas, este documento transgrede la Constitución de Ecuador «al no haber cumplido con el prerrequisito de la consulta prelegislativa a los pueblos indígenas a los que está destinada, sino que también obliga a que el desarrollo de los derechos constitucionales se haga a través de una ley orgánica».
«El acuerdo ministerial pretende llevar a cabo una consulta previa no vinculante que podría generar una mayor conflictividad socioambiental», afirmó en un comunicado Yaku Pérez, perteneciente a la nacionalidad indígena kichwa kañari.
El excandidato presidencial también argumentó que desacata la sentencia de la Corte Constitucional que anuló el Decreto 754, emitido por el anterior presidente, el conservador Guillermo Lasso (2021-2023), con la intención de acelerar las consultas previas y consultas ambientales de los proyectos de inversión.
Asamblea Nacional
Pérez recordó que ese fallo del máximo tribunal de garantías de Ecuador estableció que sea la Asamblea Nacional (Parlamento) sea la que regule mediante una ley orgánica la consulta previa, libre e informada, en un plazo de seis meses.
Desde la puerta de la Corte Constitucional, el abogado y activista ambiental, que fue candidato a la Presidencia en las elecciones de 2021 y 2023, aseguró en declaraciones a periodistas que la elaboración de la ley orgánica de consulta previa requiere una consulta prelegislativa que, a su criterio, este manual se está saltando.
El excandidato presidencial aseguró que Noboa fue a la PDAC a Toronto a anunciar «que va a subastar los territorios de los ecuatorianos y se vino comprometiendo con los gurús de las multinacionales más poderosas del mundo».
En el marco de esa feria minera, el Gobierno de Ecuador firmó seis acuerdos de inversión por un valor en conjunto de 4.800 millones de dólares para proyectos mineros, un sector que en 2023 marcó un nuevo récord de exportaciones con más de 3.300 millones de dólares y se situó como el cuarto rubro de mayores ingresos en la cesta de exportaciones del país, solo después del petróleo, banano y camarón (gamba).
«Lo único que va a hacer con esto el señor presidente Noboa es agitar los conflictos socioambientales. Ya hay criminalización en muchas partes del país», dijo Pérez, quien comparó la situación de los defensores del medio ambiente con la que vivieron bajo la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
«En el plano social se viene una conflictividad donde el único responsable de la criminalización y de la persecución que se dé será el presidente Noboa», enfatizó.
Entre los colectivos que acompañaron a Pérez estaba la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, que se opone al proyecto minero Loma Larga, a cargo de la minera canadiense Dundee Precious Metals, donde las comunidades aledañas quieren preservar las lagunas de Quimsacocha, cercanas a la ciudad de Cuenca.
El presidente de esta federación, Lauro Sigcha, advirtió sobre «la arremetida de este Gobierno de Noboa quiere imponer los proyectos mineros».
«Los pueblos (de la provincia) del Azuay estamos dispuestos a luchar el tiempo que haga falta y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Llevamos tres décadas así. Pedimos al pueblo ecuatoriano que comprendan la reacción de los pueblos que van a levantarse, porque a causa de estos decretos lucharemos», anticipó.
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