Valledupar (Colombia).- Cien mil pesos (23 dólares) y arroz chino para todo el batallón. Eso fue lo que le dieron al militar Yeris Andrés Gómez por el primer «falso positivo» que ejecutó, según dijo este lunes en la audiencia de reconocimiento por estos crímenes de lesa humanidad que celebró la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
«Vengo a reconocer mi responsabilidad por los crímenes que cometí cuando fui miembro del Ejército Nacional siendo orgánico del Batallón La Popa», comenzó este soldado raso retirado, al que este tribunal especial acusa de participar en más de 20 hechos entre 2002 y 2007 en los que fueron asesinadas al menos 50 personas.
En su relato, durante el primer día de audiencia de reconocimiento de este caso, celebrado en la ciudad de Valledupar (norte), Gómez relató cómo actuó como autor material de asesinatos, el primero de ellos de un supuesto desmovilizado de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Yo reconozco que hice parte de un grupo que se convirtió en una organización criminal dentro del Ejército», dijo este exmilitar, quien subrayó: «Siempre obedecí ordenes de mis superiores sin cuestionarlas ni pensar en el daño que iban a causar».
QUIÉN DIO LA ORDEN
De esa forma, insistió en que en varios de los asesinatos que cometió la orden la dio José Pastor Ruiz Mahecha, uno de los tres coroneles retirados imputados -junto a Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa- en este subcaso por la JEP y que no han aceptado los cargos de crímenes de lesa humanidad.
La JEP emitió su segundo auto de imputación a finales del año pasado -el primero fue contra diez militares y un civil por al menos 120 falsos positivos en el Catatumbo (frontera con Venezuela)- en el que acusó a 15 militares que formaron parte del Batallón La Popa por 127 asesinatos y desapariciones de jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate.
Todos aceptaron los cargos y comparecerán entre hoy y mañana en la audiencia, menos los tres coroneles retirados, quienes se enfrentan ahora a una acusación por parte de la Fiscalía de la JEP para un «proceso adversarial», en el que podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
El exsoldado Gómez fue el primero en reconocer su responsabilidad en la audiencia, en la que también habló de su complicidad con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comandadas en esa zona por Rodrigo Tovar, alias «Jorge 40», y de la implicación de otros oficiales, entre ellos el excomandante del Ejército Mario Montoya, y a los generales retirados Justo Eliseo Peña, Óscar Enrique González Peña y Raúl Antonio Arévalo.
«Así como mis manos están untadas de sangre, ellos, sus soles y sus grados de oficial del Ejército, también están manchados de sangre porque ellos eran los que nos daban la recompensa por cada persona asesinada y legalizada por el Batallón La Popa», dijo Gómez, quien confesó que entró al Ejército en los 2000 como infiltrado de la guerrilla de las FARC.
Por matar a inocentes les daban «viajes para Cartagena, San Andrés, daban pistolas como premio, fiestas y también daban reuniones con trabajadoras sexuales», relató.
Y también apuntó al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) quien «pedía resultados» en su política de «seguridad democrática» que servía, según sus palabras, «solo para matar».
INDÍGENAS VIOLENTADOS
Una de las primeras víctimas en hablar hoy, Franklin Navarro, dijo que el día después del asesinato de su hijo, Carlos Mario Navarro, el 28 de febrero de 2004, Uribe fue a Valledupar. «Como pedía resultados fue cuando el señor José Rueda Quintero (otro de los acusados) dio la orden de asesinar a Carlos Mario», dijo este padre.
Navarro es un campesino wiwa, uno de los dos pueblos indígenas que figuran como víctimas en este caso, ya que los militares en esta zona también se llevaron a jóvenes de estas comunidades para presentarlos como bajas en combate.
«Llevamos más de 20 años llorando, 20 años lastimándonos, recordando estos episodios amargos», aseguró al inicio de la audiencia el comisionado de Derechos Humanos del pueblo wiwa, Pedro Loperena, quien exclamó: «¡Qué bonito que Colombia ratifica los derechos humanos! ¡Qué bonito que Colombia se da golpes de pecho, que respeta y avanza en los derechos humanos! Hoy se va a dar uno cuenta que no es así».
Sin embargo, pidió a la JEP que tuvieran en cuenta las 50 ejecuciones extrajudiciales que llevaron a cabo tres batallones contra su pueblo, ya que, según dijo, solo reconoce tres.
Por su parte, el gobernador del pueblo kankuamo Jaime Luis Arias subrayó ante los magistrados de la JEP y los militares acusados de las ejecuciones la «desarmonización» que ha sufrido su territorio por el conflicto y las «violencias sistemáticas y persistentes» cometidas por todos los actores armados y criticó el «abandono estatal».
«Hemos sido víctimas, junto a nuestro territorio, de un proceso histórico y sistemático de violencias, al punto de ser declarado en situación de riesgo de exterminio físico», señaló el gobernador kankuamo, uno de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Esta es la segunda audiencia de reconocimiento de «falsos positivos» de exmilitares frente a víctimas y magistrados de la JEP tras la que tuvo lugar a finales de abril en Ocaña (Norte de Santander) y que en este caso estudia los hechos ocurridos en el Caribe.
Tras este procedimiento, que se extenderá hasta mañana, los magistrados valoraran lo aportado por los acusados y su reconocimiento de los hechos y podrán dictar sentencias «reparativas» con las víctimas que no conlleven penas de prisión.
Es también el caso que involucra a uno de los altos cargos del Ejército más apuntados por las organizaciones de víctimas por haber participado en esta «organización criminal», como la denomina la JEP: el coronel retirado Publio Mejía, quien fue comandante del Batallón La Popa y es uno de los que no reconoce los crímenes.
EFE
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