Caracas.-Abogados y activistas de varias ONG venezolanas se concentraron este sábado en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas para exigir información sobre el lugar en el que se encuentra detenido el director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona y otros dos compañeros.
Tarazona, principal voz de denuncia del conflicto entre las Fuerzas Armadas y las disidencias de las FARC en una zona fronteriza, fue detenido el viernes junto a sus compañeros Rafael Tarazona y Omar García en el estado noroccidental de Falcón, cuando iba a denunciar que estaba siendo víctima de «persecución».
Junto a estos activistas, también fue arrestado el director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, Jhonny Romero, quien fue liberado horas después y quien, según la ONG Provea, informó que sus compañeros habían sido trasladados presuntamente al Sebin en Caracas.
Por ello, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y de considerados «presos políticos» se concentraron hoy ante la sede del cuerpo de inteligencia.
El director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó a través de Twitter que un equipo de abogados de su organización se encontraba en el lugar ante la «falta de información sobre el paradero de Javier Tarazona y defensores de DDHH arbitrariamente detenidos».
El mensaje estuvo acompañado de un vídeo en el que la abogada Stefanía Migliorini indicó que hasta el momento desconocen el paradero de Tarazona y sus compañeros.
«La información que nos dicen los funcionarios del Sebin es que las personas encargadas de dar la información no están», dijo.
Asimismo, Migliorini señaló que a Tarazona se le acusa presuntamente de «instigación al odio».
El equipo del Foro Penal se encuentra haciendo un recorrido por las sedes del Sebin para obtener información del director de Fundaredes y compañeros.
Los familiares de los detenidos han pedido desde anoche una «fe de vida» de sus parientes, al tiempo que han rechazado su arresto.
Decenas de organizaciones y activistas han solicitado la liberación de los miembros de Fundaredes, quien fue una fuente clave en el conflicto entre las Fuerzas Armadas y las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia), el cual culminó con un número indeterminado de fallecidos luego de que se extendiera por dos meses desde que se iniciara en marzo.
El activista fue una voz fundamental para conocer lo que sucedía en la zona ante la falta de datos oficiales.
Las ONG también han pedido a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y otros organismos internacionales pronunciarse sobre el encarcelamiento de los miembros de Fundaredes y realizar gestiones para su liberación.
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