La Fundación Progresar, que tiene su sede en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, informó en un comunicado que los asesinatos ocurrieron en el caserío Totumito-Carboneras, que hace parte del municipio de Tibú.
Allí, añadió la información, un grupo de hombres armados supuestamente de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ingresaron a una finca en donde trabajaban diez personas «tres de las cuales fueron asesinadas y los demás lograron huir del lugar».
Horas más tarde hombres armados, identificados también como de las AGC, llegaron hasta los caseríos El Socorro y El Seis, que hacen parte de Tibú, «desencadenando otro desplazamiento masivo hacia este municipio».
En la zona del país tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Gobierno como una banda criminal; disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, y otros grupos armados que se enfrentan por el control territorial de la zona.
Del Catatumbo, también una de las regiones más pobres y olvidadas de Colombia, hacen parte los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
En la región, que abarca 10.089 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos, los grupos armados se enfrentan por los territorios cedidos por las desmovilizadas FARC, que buscan quedarse con todos los eslabones del narcotráfico que van desde los cultivos de coca hasta la exportación de la cocaína.
ALERTAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Por su lado, la Defensoría del Pueblo rechazó, de manera tajante, el asesinato de los tres campesinos y ordenó la intervención del Defensor Regional para hacer seguimiento a la situación y activar la ruta de protección de derechos para las personas afectadas.
El organismo aseguró que cerca de 400 personas de 80 familias se encuentran en desplazamiento forzado, entre el municipio de Tibú y Cúcuta, a causa de los enfrentamientos entre estos grupos ilegales.
Recordó que el año pasado emitió varias alertas tempranas en las que advirtió el «grave riesgo en que se encuentra la población civil por la presencia de grupos armados ilegales» en las localidades de Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Tibú.
El pasado martes, la plataforma de monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dijo que el comienzo de 2021 ha sido el más violento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC, con una masacre cada cuatro días y catorce líderes sociales asesinados.
En los primeros 24 días del año, se han producido también en el país catorce enfrentamientos armados entre organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad colombianas y siete entre grupos ilegales, seis masacres, y cinco asesinatos a excombatientes de las FARC, ahora convertidas en partido político bajo el nombre de Comunes.
EFE
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