Ginebra.- La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, condenó hoy la ejecución el pasado sábado de 81 condenados por diversos delitos en Arabia Saudí, entre ellos el de terrorismo, y denunció que muchas de las sentencias se habían dictado en juicios sin el debido proceso.
«La imposición de sentencias de muerte en juicios sin las necesarias garantías está prohibida por las leyes internacionales de derechos humanos, y podría ser considerada crimen de guerra», aseguró en un comunicado Bachelet, tras señalar que muchas de las ejecuciones parecen ligadas al actual conflicto en Yemen, en el que está implicado el régimen saudí.
La alta comisionada destacó que en un sólo día Arabia Saudí superó las ejecuciones perpetradas en todo 2021 (67) y subrayó que la pena de muerte «es incompatible con los principios fundamentales de los derechos humanos, la dignidad, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura».
Bachelet mostró además su preocupación por el excesivamente amplio uso del delito de terrorismo, punible con la pena capital en la legislación saudí, ya que incluye por ejemplo actos no violentos que en opinión de un juez «pongan en peligro la unidad nacional» o «socaven la reputación del Estado».
La alta comisionada destacó que 41 de los ejecutados el sábado pertenecían a la minoría chií y habían tomado parte en las protestas antigubernamentales de 2011 y 2012, en las que se pedía una mayor participación de la sociedad en la política.
Entre los ejecutados también hubo siete ciudadanos yemeníes y un sirio.
Arabia Saudí, uno de los 38 países que en el mundo todavía emplean la pena de muerte, «debe detener todas sus ejecuciones, establecer de inmediato una moratoria sobre el uso de la pena capital, y conmutar las sentencias de quienes están actualmente el corredor de la muerte», aseguró la alta comisionada.
Las ejecuciones en Arabia Saudí se efectúan por decapitación con sable.
EFE
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