El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó este lunes una nueva ley contra delitos económicos y ambientales, iniciativa que a su juicio «contribuirá a recuperar las confianzas que se han dañado en estos últimos años», haciendo alusión a una serie de casos de corrupción que se han destapado en el país suramericano durante la última década.
“Desde hoy Chile tiene una nueva ley para sancionar de mejor forma los delitos económicos y ambientales, que tanto daño han causado a nuestra sociedad. Un daño que es difícil de cuantificar», afirmó el mandatario chileno.
“Por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia como los delitos de cuello y corbata suelen recibir castigos menores que otros delitos. Hay una percepción en la ciudadanía de que a veces parecieran existir dos justicias, una para ricos y otra para pobres. Tenemos todos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente, y para que no sea real. La promulgación de esta legislación es un paso importante en esa dirección, y en la recuperación de la confianza en las instituciones”, subrayó el jefe de Estado.
Desde 2008 a la fecha, en Chile se han registrado decenas de casos de colusión empresarial, hechos que terminaron en multas millonarias pero que acrecentaron la sensación de desigualdad ante la ley denunciada por la población.
Empresas de retail, transporte interurbano, medios de comunicación, compañías dedicadas a la producción y venta de pollos, navieras, sociedades médicas, mercado de pañales y papel higiénico, entre otras, son algunas de las áreas que han protagonizado escándalos de colusión.
“El sistema de penas no se ajustaba bien a los delitos económicos. Cuando se dictaba la condena muchas veces terminaba cumpliéndose en libertad, o la condena consistía en vergonzosas clases de ética. Recordamos el caso farmacias y otros casos de colusión. La señal que recibía la opinión pública es que este tipo de delitos recibía un trato distinto. El problema es que cuando la ciudadanía siente y ve que ha habido impunidad o una vara distinta para juzgar a unos o a otros, se debilita la confianza pública y la cohesión social”, señaló Boric.
“No debemos olvidar la importancia de la cohesión social para que un país avance, se genera malestar y sensación de abuso e injusticia, y eso tenemos que tratar de recuperar. Las innovaciones de esta ley es que se acabaron los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos o cohecho. Para ello se tipifican nuevos delitos, se actualiza el delito de lavado de activo, y se restringen los casos en que las penas podrán cumplirse en libertad. Todo delito económico será sancionado con una multa, además de la sanción penal”, agregó.
La sensación de desamparado ante estos hechos, sumado a los altos índices de desigualdad económica y social, son algunos de los factores que, según especialistas y académicos, forjaron en Chile una crisis política que estalló en 2019 con la masiva ola de protestas que sacudió al país desde octubre en adelante, movilización que terminó con una treintena de muertos, cientos de mutilados oculares por acción de las fuerzas de seguridad y miles de heridos.
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