Cinco familiares y allegados de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, se encuentran «desaparecidos» desde la detención, el pasado viernes, de la también abogada, cuya «desaparición forzada» denunciaron varias organizaciones, informó uno de sus abogados.
El letrado Juan González Taguaruco, parte de la defensa, confirmó la «supuesta detención» de Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos de la detenida; Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda; y Alejandro González Canales, expareja.
Explicó que allegados y vecinos del grupo familiar han informado que, igual que la activista, estas personas los abordaron en distintos lugares por cuerpos de seguridad y ahora se encuentran en «desaparición forzada».
Agregó que, este lunes, los abogados de San Miguel introdujeron un recurso de amparo ante los tribunales, solicitando «la libertad plena y seguridad personal» de la jurista, debido a las irregularidades que se presentan en su caso.
Igualmente, indicó que formularán las peticiones que correspondan ante los órganos del Poder Judicial, denunciando la «desaparición forzada» de la activista cuyo paradero se desconoce desde el viernes, cuando la detuvieron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
Acusaciones contra Rocío San Miguel
González Taguaruco indicó a medios locales que, este lunes, sus abogados recorrieron varios centros de detención en Caracas sin que hasta el momento ningún cuerpo policial admita tener a la detenida, pese a que ayer el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó que San Miguel la arrestaron por su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan para asesinar al mandatario Nicolás Maduro.
Además, denunció que hace más de 48 horas se perdió la comunicación con la hija de San Miguel, quien se encontraba con ella al momento de su detención y estuvo informando a sus abogados sobre los hechos.
Amnistía Internacional (AI) pidió este domingo la libertad «inmediata e incondicional» de la activista, así como respeto a sus derechos y a la «medida cautelar de protección dictada a su favor» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012.
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