El ministro de Justicia colombiano, Eduardo Montealegre, afirmó contundentemente este martes 14 de octubre que el Gobierno no cederá ante la petición de líderes del Tren de Aragua para ser incluidos en la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Montealegre dejó claro que no permitirá que los grupos delincuenciales utilicen los procesos de paz para evadir la justicia internacional y buscar la impunidad de sus crímenes.
La solicitud fue presentada por los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, uno de los cabecillas del Tren de Aragua en Colombia, quien propuso iniciar diálogos exploratorios y que se suspendieran temporalmente las órdenes de extradición, además de su nombramiento como gestor de paz. Sin embargo, el ministro reiteró que el Estado colombiano ha tomado medidas diligentes para evitar que se burlen de la ley.
Desde la llegada al Ejecutivo de Petro, se han emitido y cumplido más de 450 resoluciones para extraditar a personas vinculadas con el narcotráfico y otros delitos, y sólo un reducido número cuenta con suspensión temporal por participar formalmente en procesos de paz.
El Tren de Aragua, originado en las cárceles venezolanas, es considerado una de las organizaciones criminales más peligrosas de Latinoamérica, con presencia en varios países y acusado de delitos como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.
La postura oficial colombiana refleja el endurecimiento contra el crimen organizado en un contexto donde las negociaciones de paz siguen siendo un tema sensible, pero donde la justicia y la seguridad pública se mantienen como pilares fundamentales.
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