La Comisión de Ética del Congreso de Perú aprobó una denuncia de oficio que le permitirá investigar a la parlamentaria Rosío Torres por supuestamente obligar a sus trabajadores a entregar parte de su sueldo a un sobrino suyo.
El Congreso señaló en Twitter que, de acuerdo con el procedimiento legislativo, ese grupo de trabajo «actúa de oficio por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros, al tener conocimiento de actos contrarios al Código de Ética Parlamentaria».
Torres integró esa comisión, pero la bancada de su partido, el derechista Alianza para el Progreso, la retiró del cargo tras difundirse la semana pasada una denuncia periodística sobre presuntos recortes de sueldos a los trabajadores de su despacho.
Fiscalía inició investigación preliminar
Tras conocerse el caso, la Fiscalía abrió el martes pasado una investigación preliminar a la parlamentaria, como presunta autora del delito de concusión, mientras que el Procurador General del Estado, Daniel Soria, anunció una denuncia similar.
El delito de concusión contempla una condena no menor a 2 años ni mayor a 8 años y se comete cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial.
El Ministerio Público agregó que la pesquisa también comprende a un sobrino de la legisladora, Juan Pérez Guerra, como «presunto cómplice» de este delito.
Divulgación del caso
El caso divulgado el pasado 2 de abril en el programa «Punto final» de la cadena local Latina, que denunció que obligó al menos a cinco trabajadores o extrabajadores que colaboraban con ella en función parlamentaria a transferir parte de su sueldo a su pariente.
Tras la divulgación del reportaje, la congresista publicó un pronunciamiento en Twitter donde negó «tajantemente que haya requerido, directa o indirectamente, pago alguno a los trabajadores de su despacho», así como tener «cualquier tipo de responsabilidad en los hechos mencionados».
La Fiscalía también anunció este lunes el inicio de otra investigación preliminar contra la congresista izquierdista Katy Ugarte, denunciada este fin de semana por el programa periodístico «Cuarto Poder» por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho.
Según el reportaje, trabajadores de la parlamentaria entregaban entre 300 y 400 (de 79 a 105 dólares) como un «aporte voluntario» que se destinaba para «mejorar la imagen» de la parlamentaria en medios informativos de la región Cusco, de la que es representante.
Ugarte negó este lunes las acusaciones y dijo que se siente «tranquila», tras lo cual pidió que se presenten pruebas de las acusaciones o también tomará acciones legales.
La investigación fiscal contra Ugarte como presunta autora del delito de concusión incluye a uno de sus trabajadores, Wilber Felices Villafuerte, como presunto cómplice, mientras que el Procurador General del Estado también la denunció por el mismo delito.
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