Grupos de la sociedad civil han convocado en todo Israel a partir del domingo una «semana de parálisis», cuando se prevé que el Parlamento apruebe definitivamente la ley sobre la elección de los jueces, parte central de la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno ultraconservador de Benjamín Netanyahu.
También habrá protestas esta noche, por duodécimo sábado consecutivo desde que el ministro de Justicia, Yariv Levin, anunciara esta radical reforma, que busca aumentar el control del Ejecutivo sobre el sistema judicial, mermando su independencia y amenazando la separación de poderes de la democracia, según sus detractores.
Las protestas de los últimos sábados, con Tel Aviv como epicentro, han llegado a congregar a medio millón de manifestantes en un país de 9,5 millones de habitantes, las mayores en la historia de Israel, y los organizadores han advertido de que las de esta noche podrían ser aún más multitudinarias.
Protesta contra reforma judicial
Pero además, han convocado una semana completa de paros y protestas a partir del domingo, con piquetes contra ministros y parlamentarios de la coalición en sus casas y oficinas domingo y lunes; y manifestaciones por todo el país el resto de días, incluida una «protesta gigante» frente a la Knéset (Parlamento israelí) en Jerusalén, cuando se vaya a aprobar la ley de elección de jueces, previsiblemente el miércoles.
«Entramos en la semana más fatídica en la historia de Israel. Este gobierno destructivo está destrozando a la nación y desmantelando el ejército y la economía», dijeron los grupos organizadores de la protesta en un comunicado.
«Frente al intento de convertir a Israel en una dictadura, millones saldrán a las calles para defender el Estado de Israel y la Declaración de Independencia. Todo ciudadano que quiera vivir en democracia debe salir a la calle y oponerse a la dictadura a toda costa», agregaron.
Amplia contestación social
Se trata de un nivel de contestación social sin precedentes desde amplios sectores como el bancario, el empresarial, el cultural, el intelectual, el jurídico e incluso el militar, ya que miles de reservistas se han negado a servir, lo que ha aumentado los temores sobre seguridad.
Los manifestantes aspiran a aumentar la presión en las calles toda la próxima semana después de que el primer ministro Netanyahu anunciara el jueves que iba a implicarse directamente en la tramitación de la reforma para lograr una «solución» que contente a todos y tendió una mano a la oposición para dialogar, aunque subrayó su intención de seguir adelante con la reforma tal y como está concebida.
«Desafortunadamente, hasta hoy, mis manos estaban atadas. Llegamos al absurdo de que si me hubiera implicado en los detalles de la reforma, como lo requiere mi cargo, me amenazaron con obligarme a cesar, en contra del resultado electoral y la voluntad de millones de ciudadanos. Es un absurdo en una democracia», aseveró.
Implicación directa del Gobierno
Sin embargo, la fiscal general, Gali Baharav-Miara, informó en una carta ayer a Netanyahu, de que su implicación directa en la reforma judicial es «ilegal» porque supone un «conflicto de intereses» y viola el acuerdo que firmó en 2020 para poder gobernar con un juicio en curso por corrupción.
Pero el anuncio de Netanyahu se produjo horas después de que la Knéset (Parlamento israelí) aprobara el jueves una ley que le blinda en el cargo ante una posible inhabilitación por corrupción, al reducir los supuestos para su recusación solo a motivos de salud, y solo podrá ser promovida por el gobierno, y no por la fiscalía o el Supremo.
Además, el primer ministro dijo que la nueva ley de elección de jueces, que otorga al gobierno mayoría en el comité de selección de jueces -seis (tres ministros y tres legisladores de la coalición) entre un panel de once-, se votará en tercera y última lectura la próxima semana, como estaba previsto, por lo que los manifestantes vieron su supuesto mensaje conciliador como una farsa.
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