La Corte Constitucional de Ecuador anuló el estado de excepción en cinco de las siete provincias donde el presidente Daniel Noboa lo había decretado, en respuesta a las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel.
El alto tribunal declaró inconstitucional la medida en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de Tsáchilas, argumentando que no se verificaron los hechos que justificaran la declaratoria.
Sin embargo, sí mantuvo el estado de excepción en las provincias de Carchi, fronteriza con Colombia, e Imbabura, epicentro de las protestas, al considerar que existe una “grave conmoción interna”.
La Corte también avaló la limitación al derecho de reunión y el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Carchi e Imbabura, «respetando el legítimo derecho a la protesta y resistencia pacífica». Pero rechazó el toque de queda impuesto desde las 22:00 hasta las 05:00 horas.
Conaie
El presidente Noboa decretó el estado de excepción pocos días después de anunciar la eliminación del subsidio al diésel, medida que motivó el paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que hasta ahora tiene adhesión en seis provincias.
Ante la continuación del paro, el mandatario estableció días festivos el jueves y viernes de la próxima semana para incentivar el turismo nacional.
Las protestas se han concentrado mayormente en Imbabura y han dejado un fallecido, más de 80 heridos y más de un centenar de detenidos, incluidos doce con prisión preventiva por presuntos actos de «terrorismo» según la Fiscalía.
Los movimientos indígenas ya habían protagonizado masivas protestas en 2019 y 2022, que obligaron a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir intentos similares de eliminar los subsidios, que buscan cumplir compromisos fiscales con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
No obstante, el Gobierno actual ha asegurado que no negociará la eliminación del subsidio, argumentando que este beneficiaba a contrabandistas y a la minería ilegal, y no a los sectores más pobres.
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