Madrid.- La crisis socioeconómica causada por la COVID-19 ha golpeado duramente a España, donde se han perdido casi un millón de empleos, la mayoría puestos eventuales, desde que comenzó la epidemia, en tanto que 3,38 millones de trabajadores están afectados total o parcialmente por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Abril, un mes habitualmente bueno para el empleo, volvió a reflejar el impacto de la epidemia y de la contracción de la actividad económica, aunque con un comportamiento que refleja «cierta estabilización», informaron este martes los ministerios de Trabajo y Seguridad Social.
Con la epidemia contenida, según los datos oficiales, el Ejecutivo español pidió hoy al Congreso de los Diputados que autorice mañana miércoles una cuarta ampliación del estado de alarma, que comenzó el 14 de marzo, pues la considera «imprescindible» por motivos sanitarios.
El Gobierno, que dirige el socialista Pedro Sánchez, negocia a toda prisa la aprobación de esa nueva prórroga, hasta el 23 de mayo, con varios partidos minoritarios pues carece de la mayoría suficiente.
EPIDEMIA ESTABILIZADA
Con algún ligero altibajo, España mantiene la estabilidad en el número de muertes diarias cauasadas por la COVID-19, inferior a 200, y el de casos de nuevos infectados, por debajo de mil.
Los fallecidos subieron levemente este martes a 185, hasta 25.613 en total, y los contagiados notificados se duplicaron respecto al día anterior, con 867 por pruebas de diagnóstico PCR, para llegar a 219.329 desde el inicio de la epidemia, informó el Ministerio de Sanidad.
Los enfermos ya recuperados superan ampliamente a los nuevos casos, con 2.143 curados, y suman 123.486 en total.
En rueda de prensa, el portavoz de Sanidad, el epidemiólogo Fernando Simón, constató que sigue el ritmo descendente. «Ya no tenemos muchas dudas sobre la tendencia», dijo, aunque pidió prudencia por el riesgo de algún rebrote a medida que se levanten las limitaciones de movimiento de la población.
España se encuentra desde el lunes en la primera de las cuatro fases de transición para recuperar la normalidad social y económica, en la que se permiten salidas controladas a la vías pública y la repertura limitada del comercio minorista.
DESEMPLEO DESBOCADO
Precisamente, la prohibición total o parcial de infinidad de actividades económicas y sociales desde el 14 de marzo (cuando comenzó el estado de alarma) perjudicó gravemente a sectores fundamentales de la economía española, como el turístico, el automovilístico, el comercial y de la construcción.
Y las consecuencias laborales eran previsibles: 585.156 nuevos desempleados, 302.265 en marzo y 282.891 en abril, hasta llegar a un total de 3,83 millones, un nivel no visto desde mayo de 2016.
No se incluye a los trabajadores en situación de ERTE, un sistema que amortiguó una mayor destrucción de empleo, según valoraron el Gobierno, la patronal y los sindicatos.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonó en abril prestaciones por desempleo a 5,19 millones de personas, incluidos trabajadores en ERTE, un 136 % más que hace un año. Este gasto marcó un récord histórico de 4.512 millones de euros, tres veces más que en abril de 2019.
¿NUEVA PRÓRROGA DEL ESTADO ALARMA?
En esta situación, el Gobierno insistió hoy en la necesidad de extender el estado de alarma, que termina el 9 de mayo, 15 días más como «único instrumento» que permite «luchar contra la COVID-19, salvar vidas y defender la salud pública», argumentó el socialista Pedro Sánchez en el Senado.
El jefe del Ejecutivo se dirigió abiertamente al conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, para recabar su apoyo, pues gobierna en coalición con Unidas Podemos (izquierda), pero sin mayoría parlamentaria suficiente.
Los conservadores habían respaldado anteriormente el estado de alarma con críticas y reproches, pero ahora se niegan porque creen que el Gobierno intenta sacar provecho político de ello, sin aclarar si se abstendrán o votarán en contra de una nueva prórroga mañana en el Parlamento.
También son recelosas las regiones del País Vasco y Cataluña, pues creen que el estado de alarma limita arbitrariamente sus amplias competencias de gestión.
Así, el Gobierno y el Partido Socialista continúan las conversaciones a contrarreloj con partidos políticos minoritarios, como los nacionalistas vascos del PNV y los liberales de Ciudadanos, para poder asegurarse una mayoría simple en esa votación.
Mantener el estado de alarma serviría para seguir con las restricciones de circulación de las personas, pues son el «principal vector de contagio» del coronavirus, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
En caso contrario, «decaerían medidas» aprobadas estas semanas para paliar los daños económicos, como los ERTE por causa de fuerza mayor y evitar despidos masivos, añadió la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la misma rueda de prensa.
EFE
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