El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, visitó por primera vez Libia para profundizar en «la cooperación con las autoridades nacionales y la búsqueda de rendición de cuentas», informó este domingo la oficina de prensa del Consejo Presidencial del país magrebí.
Khan mantuvo ayer (sábado) una reunión en Trípoli con el jefe del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed al Manfi, en la que expresó que la situación en el país «es una prioridad para su cargo» y apeló al «derecho internacional para alcanzar la justicia».
«La reunión abordó aspectos de la cooperación entre el poder judicial libio, la CPI y la Oficina del Fiscal Público en casos relacionados con los derechos humanos», añadió el Consejo Presidencial en una nota.
Fiscal de la CIP investiga posibles delitos contra la humanidad
Aunque Libia no es parte del Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitió la situación en el país norteafricano a la CPI para investigar presuntos crímenes contra la humanidad tras el estallido de manifestaciones populares contra el régimen dictatorial de Muamar Gadafi en febrero de 2011.
Desde entonces se han abierto diversas investigaciones y emitido órdenes de arresto de actores libios por los sucesos de 2011 y de los conflictos derivados en años posteriores por las dos guerras civiles que ha sufrido el país y la persistente inestabilidad política y acciones de las facciones armadas regionales que compiten por el control del país.
Libia es además uno de los puntos de partida de la ruta migratoria por el Mediterráneo Central, ante lo que organizaciones internacionales han denunciado amenazas de explotación, tráfico y violencia por parte empleadores, milicias y traficantes libios de la población refugiada, estimada en unas 600.000 personas.
Las ONG, como Médicos Sin Fronteras (MSF), urgieron a la Unión Europea y Naciones Unidas a «revisar urgentemente» y, si es necesario, suspender los actuales acuerdos de cooperación con las autoridades libias.
El fiscal de La Haya anunció el pasado mes de septiembre su integración formal en el Equipo Conjunto «destinado a apoyar las investigaciones de delitos contra personas migrantes y refugiadas en Libia, uniéndose a las autoridades nacionales pertinentes de Italia, los Países Bajos, Reino Unido e Irlanda del Norte y España».
«Como confirmé en mi último informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la evaluación preliminar de mi oficina es que estos delitos pueden constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es nuestra obligación colectiva garantizar que los responsables de tales crímenes rindan cuentas», declaró entonces.
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