Katy Rivas, residente desde hace más de 15 años en la comunidad de Villa Sonrisa, ubicada en Puerto Ordaz, denuncia que no ha podido recuperar su casa, luego de un fallido intento de venta.
«Por diversas razones, estuve vendiendo mi casa y en eso se me acercaron las UBCH, de las comunidades vecinas, ofreciéndome el dinero para comprar mi propiedad y convertirla en una base de misiones», explicó.
Agregó que los compradores querían cambiar el estatuto de vida en la comunidad, dado que, aparentemente, Villa Sonrisa es la comunidad más vulnerable de la parroquia Universidad.
«Ellos me pagaron un adelanto que fue firmado en un acta y a los 30 días iban a hacer el otro pago de los 50%, este núcleo de personas, pertenecientes a los consejos comunales, tuvieron un desacuerdo entre ellos y se deshicieron totalmente del compromiso que adquirieron a mi persona de comprar la casa», continuó.
Rivas comenta que la comunidad, al enterarse que la venta no se llevó a cabo solicitó el retorno del dinero invertido para la compra de la propiedad, pero uno de los integrantes del consejo comunal se «adueñó» de la vivienda y no ha respondido a ninguno de los llamados.
«La comunidad quiere su dinero y yo quiero mi casa, pero el problema es el señor Gabriel Saa Otolvarez, quien además es concejal, no quiere entregar las llaves de mi casa y además colocó a su hijo de 18 años a vivir en mi casa», detalló.
Es por ello que Rivas exige la devolución del dinero y la entrega de las llaves de su vivienda.
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