Mariana González, hija del dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció públicamente que su esposo, Rafael Tudares, permanece detenido desde hace diez meses sin que se conozca su paradero ni se le permita comunicación alguna con su familia o abogados particulares.
En una declaración difundida en la red social X, González calificó el proceso contra Tudares como un “juicio clandestino” y sostuvo que las acusaciones en su contra, relacionadas con presuntos hechos de terrorismo, son infundadas. Según explicó, las autoridades venezolanas han bloqueado todas las gestiones realizadas para conocer su estado físico o confirmar el lugar donde se encuentra recluido.
La hija del candidato presidencial opositor aseguró que, aunque se le informó que Tudares podría estar en el penal de Rodeo I, en el estado Miranda, las visitas realizadas a esa cárcel han sido infructuosas: en más de treinta ocasiones se le habría negado su presencia en el centro penitenciario. “No hay registro ni constancia oficial de dónde está. Lo mantienen invisible ante la ley”, expresó.
González también cuestionó la actuación de la Defensa Pública, a la que acusa de omitir diligencias esenciales. Denunció que incluso los abogados asignados desconocen el número de expediente judicial, lo que impide cualquier seguimiento formal del caso. A su juicio, esa falta de transparencia revela una intención deliberada de mantener a su esposo en una situación de indefensión total.
En el mismo comunicado, Mariana González sostuvo que la detención de Tudares es una represalia política motivada por su vínculo familiar con Edmundo González Urrutia, figura clave de la oposición venezolana. “Rafael es un rehén del régimen, castigado por ser mi esposo”, afirmó.
Tudares fue arrestado el 7 de enero de 2025, apenas días antes de la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo mandato. En ese mismo operativo fueron detenidos también el defensor de derechos humanos Carlos Correa, quien posteriormente fue liberado, y el exaspirante presidencial Enrique Márquez.
La denuncia de Mariana González se suma a los reclamos de organizaciones de derechos humanos que alertan sobre un patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Venezuela, particularmente contra personas cercanas a dirigentes opositores o críticos del gobierno.
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