La extesorera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue condenada este miércoles a 15 años de prisión por lavado de dinero proveniente de sobornos que le pagó un empresario multimillonario mientras ella se desempeñaba como tesorera del país sudamericano.
El juez federal William Dimitrouleas reveló la sentencia de Claudia Díaz Guillén en una audiencia realizada en los tribunales federales del centro de Miami cuatro meses después de que un jurado la encontró culpable a ella y a su esposo de cinco de las seis acusaciones que enfrentaban desde 2020 por haber recibido millones de dólares en sobornos.
La fiscalía había pedido una condena más de 23 años de cárcel para Díaz y de más de 19 para su esposo, Adrián Velasquez. La defensa de Díaz buscaba una condena similar a la que habría recibido en Venezuela, de hasta cuatro años de prisión.
Velásquez fue sentenciado el miércoles también a 15 años de prisión. A su vez, el magistrado condenó a ambos a devolver 136 millones de dólares en bienes y dinero que habrían conseguido con los sobornos y a pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, como había pedido la fiscalía.
«Estoy de acuerdo con el gobierno en que los acusados cambiaron drásticamente su vida» de clase media a otra acomodada con múltiples jets privados, yates y lujosos viajes. «Hicieron mucho dinero», dijo Dimitrouleas durante la audiencia que duró una hora.
Ambos llegaron a la sala serios, vestidos con uniforme beige de presos y escucharon al juez en completo silencio, con auriculares que les permitían oír la traducción en vivo del inglés al español. Díaz lucía su larga cabellera negra suelta. Su esposo estaba prolijamente peinado y llevaba una barba entrecana. Ninguno de los dos hizo declaraciones, salvo para responder un par de veces al magistrado con un “sí” o “no”, cuando les preguntaba si estaban entendiendo o si querían hacer algún comentario.
Estaban esposados y con grilletes y se retiraron de la sala mirando al piso. Sus abogados defensores anticiparon que apelarán la condena.
Desde hace años el gobierno estadounidense ha acusado a decenas de empresarios y funcionarios venezolanos de haber lavado dinero en este país. La mayoría de ellos han sellado acuerdos de culpabilidad con la fiscalía para evitar condenas severas.
Díaz, que se desempeñó como tesorera de Venezuela entre 2002 y abril de 2013, sin embargo, es la primera que se declaró inocente y llegó a juicio. A lo largo del proceso aseguró que en sus funciones no era independiente sino que cumplía con las órdenes de Chávez y también dijo que los sobornos no existieron.
«Nunca imaginé una sentencia tan alta. Es demasiado», dijo la abogada defensora Marissel Descalzo a periodistas al salir de la audiencia. La letrada le había pedido al juez compasión y que considerara que el matrimonio tiene dos hijos de 14 y 2 años que viven con la abuela paterna en Madrid y a los que no podrán ver durante el tiempo que estén encarcelados.
Al revelar su sentencia, el magistrado dijo que había leído nueve cartas enviadas por familiares y amigos de la pareja.
De acuerdo con la acusación formal, Díaz y su esposo recibieron pagos de compañías controladas por Raúl Gorrín -un magnate de los medios que también enfrenta cargos y actualmente está prófugo- en cuentas en Miami que supuestamente fueron usadas para financiar la lujosa vida de la pareja.
El gobierno asegura que el rol de la exenfermera fue clave para la trama de negocios corruptos en los que participó Gorrín. Según los fiscales, a cambio de favorecer al empresario Díaz recibió pagos por unos 136 millones de dólares que su esposo ocultaba a través de la creación de compañías fantasma y cuentas bancarias en el extranjero. Parte de ese dinero llegó a Miami.
La fiscalía sustentó su caso en gran parte en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz en la Oficina del Tesoro, Alejandro Andrade, quien declaró que Díaz prosiguió con un acuerdo financiero que él había concretado anteriormente con Gorrín.
Andrade, un exguardia de seguridad presidencial que sacó provecho de su relación personal con Chávez para ascender y amasar una enorme fortuna, salió de prisión en 2021 luego de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años. Como parte de su acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, renunció a más de 260 millones de dólares en efectivo y activos, entre ellos una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo y caballos de salto.
El proceso judicial de Díaz y su esposo tuvo lugar en momentos que las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han empezado a relajarse después de una política de máxima presión y sanciones impulsada por el anterior presidente Donald Trump para que el mandatario venezolano Nicolás Maduro dejara el poder.
El gobierno del presidente Joe Biden ha suavizado algunas de las sanciones, aunque las investigaciones criminales contra funcionarios venezolanos y sus allegados continúan en el sur de Florida, donde reside una numerosa comunidad de venezolanos que salieron de su país tras la llegada de Chávez al poder en 1999.
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