En una actualización proporcionada a través de sus redes sociales, el experto en derecho administrativo y constitucional, el abogado José Ignacio Hernández señaló que la Corte de Delaware, ubicada en Estados Unidos, ha rechazado las impugnaciones interpuestas por Venezuela durante la sesión judicial del viernes 17 de mayo.
Hernández comunicó que el procedimiento de venta de las acciones de la corporación Citgo Petroleum proseguirá por el momento.
Cabe destacar que la finalidad de esta audiencia ante el juzgado de EE. UU. era deliberar acerca del destino de los Bonos PDVSA 2020, cuya resolución podría influir significativamente en el litigio y en el futuro de Citgo.
El jurista, quien también ejerce como docente universitario, rememoró que en febrero la corte suprema de Nueva York falló a favor de PDVSA, al reconocer la aplicabilidad de la Constitución de Venezuela sobre dichos bonos. No obstante, el caso aún está pendiente de resolución por parte de la Corte de Apelaciones.
«Faltan meses —o años— para que se decida el caso de los Bonos PDVSA 2020. La posición de Venezuela es que el proceso de venta no puede usarse para pagar a los tenedores de esos bonos, que tienen una prenda sobre la mayoría de las acciones de Citgo Holding», indicó.
Asimismo, advirtió que si la Corte de Delaware autoriza la consideración de los bonos, existiría el peligro de disminuir aún más «el monto que se repartiría entre los acreedores, cuyas deudas suman US $22.000 millones».
Dictamen del juzgado
El magistrado de la Corte de Delaware, ha estipulado que a los licitantes interesados en las acciones de Citgo Petroleum se les podría solicitar que declaren si sus propuestas económicas satisfacen las exigencias de los bonos venezolanos.
Según lo reportado por la agencia Reuters, es factible interrogar a los licitantes sobre si tienen previsto reservar fondos o si han concebido algún esquema para remunerar a los poseedores de los Bonos PDVSA 2020.
Aclaran que, aunque las reivindicaciones de los tenedores de los Bonos PDVSA 2020 no forman parte del litigio en Delaware, sus demandas gravitan sobre el proceso de subasta de las acciones, con el objetivo de recuperar aproximadamente 22.000 millones de dólares por concepto de incumplimientos contractuales y expropiaciones.
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