

Leopoldo López y Yon Goicoechea, dos destacados opositores venezolanos exiliados en España, enfrentan una amenaza sin precedentes: el Gobierno chavista de Nicolás Maduro ha iniciado el proceso para retirales la nacionalidad venezolana. Esta medida responde a sus declaraciones públicas en apoyo a una intervención militar extranjera para deponer al actual régimen.
Ambos líderes, antiguos presos políticos y miembros del partido Voluntad Popular fundado por López, han mantenido una postura firme contra el gobierno de Chávez y Maduro. López, exalcalde de Chacao y figura prominente en protestas opositoras, se refugió en España tras años de encarcelamiento y arresto domiciliario. Recientemente afirmó que las negociaciones no serán suficientes y respaldó la presión militar estadounidense para lograr un cambio político.
Goicoechea, abogado y activista universitario, fue detenido en 2016 y desde 2020 reside en España, país que le otorgó la nacionalidad. También ha reiterado su apoyo a una intervención militar y rechazó la posibilidad de que le quiten su identidad venezolana, afirmando que es un compromiso con su país que nadie puede arrebatársele.
Nuevo capítulo de persecución
El gobierno venezolano fundamenta su solicitud en el artículo 130 de la Constitución, que establece el deber de honrar y defender la patria, además del artículo 36, que contempla la renuncia voluntaria a la nacionalidad. Sin embargo, expertos legales advierten que estos preceptos no contemplan sanciones ni la privación automática de la nacionalidad a venezolanos por nacimiento, como es el caso de López y Goicoechea, amparados también por el artículo 35.
El retiro de nacionalidad, según el análisis jurídico, podría tener consecuencias graves, al estilo de lo ocurrido en Nicaragua, donde opositores han sido «borrados» jurídicamente, perdiendo incluso la posibilidad de acceder a documentos oficiales y derechos civiles.
Esta escalada marca un nuevo capítulo en la persecución política del chavismo contra la disidencia en el exterior, evidenciando una intensificación en la presión contra quienes, desde el exilio, siguen exigiendo el fin del régimen de Maduro.
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