El director de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), Juan Korody, ha apuntado que las compañías venezolanas destinan entre un 9% y un 11% de los salarios pagados a los empleados al Seguro Social, además de un 2% adicional al fondo de vivienda, junto a más impuestos parafiscales.
En tal sentido, ha expresado su preocupación acerca de la Ley de Pensiones, instando al Gobierno venezolano a presentar datos que respalden la justificación de dicha carga impositiva.
De igual manera, ha subrayado que «si el Estado venezolano va a presentar un proyecto de ley, que complementa o que redunda sobre esto, debería presentar las cifras para justificar por qué es necesario recargar hasta en un 15% estos pagos que realizan los empleadores».
Se ha pronunciado sobre cómo esta normativa podría desincentivar el incremento salarial y las contrataciones en las empresas de la nación, argumentando que los pagos a la nómina «ya están suficientemente grabados en la contribución que está destinada fiscalmente para los temas de Seguridad Social».
Es importante destacar que en Venezuela, los colaboradores especiales, que representan la mayoría, deben presentar más de 200 declaraciones anuales, lo que equivale a una declaración por cada día laborable del año.
«Estos tributos impactan en más del 80% las utilidades de las empresas. Hay empresas que aún teniendo pérdida, pagan sus tributos», enfatizó Korody.
Ha señalado que las compañías del Estado «no son llamados a ser contribuyentes de este tributo, lo cual pone en alguna ventaja a estas compañías» y destacó que es «preocupante» que la alícuota sea determinada por el Ejecutivo Nacional.
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