La llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del Pentágono, junto a su grupo de ataque, dirigió nuevamente la atención hacia Venezuela, donde Washington mantiene desde agosto un despliegue naval y aéreo con la finalidad declarada de combatir el narcotráfico. Este movimiento ha generado reacciones adversas de Rusia y el Reino Unido.
El presidente venezolano Nicolás Maduro dispuso un nuevo despliegue militar con 200.000 efectivos en todo el país para defenderse de las «amenazas imperiales», según declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Este indicó que se movilizaron medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, junto a la Milicia Bolivariana y órganos de seguridad ciudadana.
Por su parte, el Pentágono resaltó que la operación estadounidense contra narcotraficantes, ordenada por el secretario de Guerra Pete Hegseth bajo directiva presidencial, ha resultado en 75 fallecidos y la destrucción de una veintena de embarcaciones en el Caribe y Pacífico.
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, condenó la política estadounidense hacia Caracas y negó informes sobre una supuesta petición venezolana de ayuda militar, recordando que ambos países tienen un tratado estratégico aún pendiente de ratificación.
En una movida importante, el Reino Unido suspendió el intercambio de inteligencia con Estados Unidos respecto a embarcaciones sospechosas de narcotráfico por considerar ilegales los ataques militares que han causado muertes, marcando una ruptura en la cooperación regional.
Finalmente, el Parlamento venezolano aprobó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, que establece mecanismos para recopilar información y enfrentar todas las amenazas a la seguridad nacional.
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