Nueva Delhi.- Falta un día para la publicación de un censo en el noreste de la India que podría excluir y declarar extranjeras a 4 millones de personas, una situación que se ha convertido en una pesadilla para algunos, mientras que otros sueñan con ver liberada la región de esos supuestos inmigrantes ilegales.
La elaboración del Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) en el estado de Assam comenzó en 2015, y un borrador publicado en julio del año pasado dejó fuera a algo más de 4 millones de personas de entre 32 millones de encuestados.
El miedo en el estado es «enorme», no duda en afirmar a Efe el activista Harsh Mander.
«Si eres declarado extranjero hay una incertidumbre enorme sobre lo que te puede pasar», explica.
Las autoridades se han esforzado en afirmar que los que se queden fuera del censo no serán considerados automáticamente como extranjeros, para eso hay un centenar de juzgados especiales que son los que tienen la última palabra y pueden declarar a una persona como residente ilegal, aclararon.
Además los defensores del censo reivindican que su cultura está en peligro por los millones de inmigrantes del vecino Bangladesh que han entrado en Assam de forma masiva, como durante la guerra de independencia contra Pakistán de ese país en 1971, pero también de forma gradual buscando oportunidades económicas.
Mander teme que los inmigrantes sean trasladados a alguno de los centros de detención de Assam, lugares «realmente cercanos a la visión del infierno» y situados en su mayoría dentro de prisiones.
El activista tuvo la oportunidad de visitar varios, como enviado especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India (NHRC, en sus siglas en inglés), y comprobar de primera mano las malas condiciones de los detenidos.
«Lo más probable es que puedan vivir en la India pero con derechos reducidos, sin poder votar ni poseer tierras», lamenta el activista.
Cultura en peligro
Pero esa visión no basta para los asameses que creen que su cultura está en peligro por inmigrantes que hablan y visten de forma diferente.
«Cuando esta lista de extranjeros concluya, deberían ser deportados», sentencia a Efe Lurinjyoti Gogoi, secretario general de la Unión de Estudiantes de Assam (AASU).
Se trata de la misma asociación que lideró el movimiento contra los inmigrantes ilegales que culminó en 1985 con un acuerdo con el Gobierno indio para elaborar el NRC y expulsar a los llegados al estado después de 1971.
«Se trata de la protección de la población indígena, es nuestra tierra y debemos tener nuestros derechos», zanja Gogoi.
A pesar de sus reivindicaciones, es poco probable que las personas declaradas inmigrantes ilegales sean deportadas a Bangladesh.
Para empezar, la India no tiene un acuerdo de extradición con el país vecino, destaca a Efe la directora de la organización Human Rights Watch para el Sur de Asia, Meenakshi Ganguly.
«Detener o amenazar a la gente con deportarles no es la respuesta, la respuesta debe ser intentar encontrar el modo en que esa gente pueda ser devuelta al sistema de algún modo en vez de convertirles en apátridas», destaca.
En muchos casos se trata de personas que han vivido en Assam durante décadas, en otros son niños que han nacido y crecido en el estado.
Más allá de las preguntas que suscita el censo sobre el futuro de las personas declaradas inmigrantes ilegales, el proceso de elaboración ha suscitado las críticas de organizaciones pro derechos humanos y observadores internacionales.
«Los procedimientos han sido muy arbitrarios (…) y la segunda fuente de preocupación es que parece que está afectando más a los musulmanes», sintetiza Ganguly.
Las autoridades locales han sido señaladas como hostiles contra la minoría musulmana y un equipo de relatores especiales de la ONU que examinó el año pasado la elaboración del censo denunció que pueden manipular el sistema para excluir a verdaderos ciudadanos indios.
El director de Amnistía Internacional (AI) para la India, Aakar Patel, señala además que los ciudadanos más pobres son los más afectados por el censo.
«Muchos indios, sobre todo los que pertenecen a comunidades pobres y marginadas, no tienen copias certificadas de los documentos para probar su ciudadanía», explica Patel, una situación que empeora con las continuas inundaciones en la región.
David Asta Alares EFE
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