ONG pide al Gobierno de Kuwait paralizar nueva ley que restringe la libertad de expresión

El Centro del Golfo para Derechos Humanos (GCHR, en inglés) pidió hoy al gobierno de Kuwait que proteja el derecho «constitucional» a la libertad de expresión y se abstenga de proceder con un nuevo proyecto de ley que impone penas de hasta tres años de prisión y multas de hasta 325.000 dólares para quien critique al emir en cualquier medio o plataforma.

Según la ONG, el nuevo proyecto de ley ha generado una oposición generalizada en la sociedad civil, incluidos activistas de derechos humanos y numerosos miembros de la Asamblea Nacional, por «la presencia de varios artículos que imponen restricciones a la libertad de expresión» y fomentan la censura al impedir publicaciones críticas contra los gobernantes.

GCHR alertó este lunes de las diferentes cuestiones prohibidas en el borrador, preparado por el Ministerio de Información y publicado por el periódico kuwaití Al Qabas la pasada semana, entre las que destacó «la prohibición de dirigir críticas al emir del país, al príncipe heredero y al emir adjunto, así como impedir la publicación de sus noticias sin la aprobación previa del emir».

Vulnerar esta condición implica «una pena de prisión por un período no superior a tres años y una multa no inferior a 50.000 dinares (162.000 dólares) y hasta 100.000 dinares (325.000 dólares)», penas que según el GCHR pueden «utilizarse contra jóvenes activistas y blogueros de Internet, en un esfuerzo por silenciar las voces que se oponen a las políticas gubernamentales».

El proyecto de ley también prohíbe «insultar o faltar el respeto a la constitución del país» y «violar la moral pública», conceptos que la ONG consideró «frases vagas que las autoridades pueden utilizar contra cualquier manifestación pacífica» como «reclamar los derechos de los ciudadanos beduinos apátridas» o criticar «la corrupción rampante en las instituciones estatales».

Además, el texto prohíbe la divulgación de noticias sobre comunicaciones y acuerdos oficiales secretos o relativas a funcionarios del Estado, cuestión que «otorga a los funcionarios públicos inmunidad total para hacer lo que quieran», apuntó la ONG, y que se pena con multas no inferiores a 3.000 dinares (9.700 dólares) ni superior a 20.000 dinares (65.000 dólares).

Así, el GCHR pidió al Gobierno que no avance con este proyecto de ley que «contradice claramente el artículo 36 de la Constitución de Kuwait, que establece que la libertad de opinión (…) está garantizada, y toda persona tiene derecho a expresar su opinión y publicarla verbalmente, por escrito o de otro modo».

Esta petición llega una semana después de que el Ministerio de Información kuwaití publicara en su cuenta de X (antes Twitter) que «sigue todos los marcos constitucionales y legales» relacionados con un proyecto de ley sobre «la regulación de los medios de comunicación» de una manera que «garantice aumentar el nivel de libertades y el desarrollo del trabajo de los medios de comunicación kuwaitíes».

El Ministerio espera reenviar el borrador al Parlamento a principios de octubre y que se apruebe para que «sirva a los medios de comunicación kuwaitíes y fortalecer la libertad responsable». 

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