La organización no gubernamental Justicia Encuentro y Perdón (JEP) exigió este miércoles “justicia imparcial” y libertad inmediata para los presos políticos en Venezuela.
La declaración responde al caso de Martha Lía Grajales, que generó inusual consenso entre sectores oficialistas y voces de la izquierda latinoamericana, que reconocieron públicamente la existencia de presos políticos.
En un comunicado, la organización considera que este reconocimiento, aunque significativo, no puede quedarse en una declaración aislada.
“Ese reconocimiento es un paso, pero no puede quedarse allí. La justicia no se mide por simpatías ni por banderas. No es verdadera justicia si solo protege a quienes nos resultan cercanos o afines”, subrayó.
La organización informó que hay mil 25 personas detenidas por razones políticas. Entre ellas se encuentran víctimas de desaparición, como José Riera y Nancy Camacaro, y personas como Rory Branker, de quien no se tiene noticia desde hace más de seis meses.
También denunció casos de detenidos que sobreviven en condiciones inhumanas sin juicio justo, como Ermilendris Benítez, Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Wilder Vásquez, quien sigue “a la espera de boletas de excarcelación luego de haber cumplido la pena impuesta”.
La ONG recalcó que no existen víctimas “de izquierda” o “de derecha”, sino simplemente víctimas.
“Toda detención arbitraria, toda tortura, todo abuso, es injustificable. Y el silencio ante estos crímenes, incluso cuando afectan a quienes piensan distinto, constituye una forma de complicidad”, advirtió.
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