Tras 18 meses desde la última vez que se aumentó el salario mínimo, la pérdida de su poder adquisitivo es de casi 90 % en medio de un contexto de inflación y devaluación, según el economista Asdrúbal Oliveros.
Tomando en cuenta la tasa oficial del dólar, el salario mínimo de 130 bolívares equivale a 3,8 dólares, una cantidad que apenas alcanza para comprar un kilo de queso duro.
La caída del sueldo, en un país donde casi todo se cobra en dólares, afecta, principalmente, a los trabajadores públicos y los pensionados.
En una entrevista para Unión Radio, Oliveros subrayó que hoy día se puede comprar 10 % de lo que se adquiría hace 18 meses con el salario mínimo.
«Es una pérdida significativa cuando la comparas con la pérdida del sector privado, que también ha perdido valor, pero no en la misma proporción», expresó el economista.
Señaló que esta situación afecta principalmente en dos sentidos a quienes viven del salario mínimo «primero, que el sueldo se ha mantenido fijo en un país de altísima inflación y, segundo, no reciben compensación en moneda dura, que podría proteger un poco frente a la devaluación».
«Por las dos vías estás afectado y genera esta situación de extrema vulnerabilidad que tienen los trabajadores de la administración pública», dijo.
«Es cierto que los trabajadores de la administración pública tienen unas bonificaciones que intentan compensar la pérdida o que en la mayoría de los ministerios y organismos públicos se entregan ayudas en términos de bolsas de comida. Pero incluso con ese contexto la pérdida es importante», continuó.
Según aproximaciones que maneja Oliveros, pues hace años que el Instituto Nacional de Estadística no publica cifras del mercado laboral en Venezuela, dentro de la masa laboral que hay en el país entre 25 % y un tercio son trabajadores del sector público. Se estima que son entre 2 y 3 millones.
Por otro lado, continuó el economista, están las personas en condiciones de pobreza crítica a extrema (40 %), es decir, que no pueden garantizarse ni siquiera la alimentación.
«No quiere decir que el otro 60 % esté bien, no quiero que se me malinterprete, sino que ese 40 % está en condiciones muy críticas”, aclaró.
Recordó que hace unos meses realizaron un trabajo de campo para una empresa del sector privado en el que preguntaron a empleados del sector público si tenían otra fuente de ingreso. 72 % de los encuestados respondió que sí. Una proporción extremadamente alta, subrayó Oliveros.
«Casi tres de cada cuatro trabajadores de la administración pública señala tener otra fuente de ingreso. Es lógico porque obviamente no alcanza», dijo.
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