Lisboa.- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmó hoy que «la Iglesia católica tiene un deber ético de responsabilizarse» de los abusos sexuales a menores ocurridos en el país en el seno de la institución, que se acercan, al menos, a 5.000 víctimas en los últimos 50 años.
El jefe de Estado consideró que la Iglesia ya «asumió» este lunes que debe hacerlo tras las conclusiones de la comisión que ha investigado la dimensión de la pederastia en la institución católica desde 1950 y que, en base a 512 denuncias estima en 4.815 el número de víctimas.
Las cifras obtenidas tras un año de trabajo de la comisión indican que «puede ser apenas una parte del fenómeno y no todo el fenómeno», apuntó en declaraciones a periodistas en el Palacio de Belém (Lisboa).
Sobre cómo debe proceder la Iglesia a partir de ahora con víctimas y abusadores, Rebelo, católico practicante, explicó que aguarda las decisiones que tome la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) tras una asamblea extraordinaria convocada para comienzos del próximo marzo.
El presidente se mostró en «total sintonía» con la propuesta de la comisión de aumentar el periodo para que no prescriban esta clase de delitos (de 23 años a 30), pero alegó que no se quiere «anticipar» a las decisiones del Parlamento.
Asimismo, apoyó la recomendación de la comisión -creada por la CEP y compuesta por seis expertos- de crear otro equipo no ligado a la Iglesia sino a la Fiscalía lusa: «Sería bueno» porque tiene «un espacio de maniobra» mayor que la que existe actualmente, dijo.
El coordinador del equipo de expertos, el psiquiatra infantil Pedro Strecht, estima que al menos hay 100 sacerdotes sospechosos de pederastia en activo en Portugal.
Sobre esta cifra y su posible impacto en la Jornada Mundial de la Juventud -prevista para agosto y que espera la visita del papa Francisco y de más de un millón de personas-, Rebelo de Sousa descartó que pueda afectar, aunque resaltó que «es evidente que una institución que se enfrenta a este tipo de informe» va a tener que «cambiar de vida».
El informe divulgado este lunes confirma que Portugal no fue una excepción y que, como en países vecinos, los abusos fueron una práctica durante años, en especial entre las décadas de 1960 a 1990.
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