La ONG de Venezuela Provea denunció este jueves «la revisión ilegal de celulares» que -aseguró- ejecutan policías y militares, lo que, según la organización, «se ha convertido en un abuso común» y ha llevado a «detenciones injustificadas o a sobornos arbitrarios», además de generar «un estado de miedo y desconfianza entre las personas».
«No es normal tener que borrar mensajes, fotos, redes o cualquier contenido por miedo a que sea subversivo», dijo la ONG a través de X, a la vez que denunció revisiones de teléfonos «sin orden judicial».
En este sentido, advirtió que la revisión de un teléfono sin una orden es «una violación directa» al derecho de privacidad, tal como señala la Constitución.
«La Constitución establece que el derecho a la privacidad es inviolable, y que toda intervención en las comunicaciones privadas debe estar autorizada por una orden judicial», manifestó Provea.
Además, agregó que la revisión de teléfonos va en «contra» del principio del «debido proceso», pues -afirmó- toda persona tiene derecho a «ser informada de los cargos por los cuales se le investiga y a tener acceso a un abogado defensor».
La organización pidió a los venezolanos no «permitir» que «el simple hecho de llevar un teléfono» se convierta en un «riesgo» de «libertad», por lo que instó a realizar la denuncia y exigir la actuación de los organismos del Estado.
Por otra parte, la ONG recordó que, tras el anuncio oficial de las presidenciales, que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro -considerada «fraudulenta» por el antichavismo y parte de la comunidad internacional-, se registraron 25 muertes y más de 2.400 detenidos, según las autoridades, durante protestas poselectorales, además de «al menos 50 (personas) desaparecidas» que dice haber documentado Provea «en medio de la represión».
«Estos hechos son parte de una política sistemática de represión y persecución que busca silenciar las voces disidentes y controlar la narrativa del país», expresó.
Este miércoles, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberta Clarke, denunció «hostigamiento contra personas percibidas como opositores, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión» en Venezuela, y presentó un informe ante el Consejo Permanente de la OEA sobre la situación de derechos humanos en el país.
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