El presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, apeló este domingo a la «paz civil» y anunció la formación de un comité «independiente» para investigar la matanza de más de 700 civiles -de acuerdo a una ONG- en la costa mediterránea siria, la peor violencia en años en el país, y remitir a la justicia a los responsables.
En un discurso ofrecido en una mezquita de Damasco esta madrugada, Al Sharaa llamó a la calma, dado que lo que está ocurriendo en el país ha sido un desafío «esperado».
«Tenemos que proteger la unidad nacional y la paz civil», afirmó después de que las fuerzas de seguridad de Damasco hayan sido acusadas de matar a más de 740 civiles en cuatro días de campaña militar, unos actos de venganza sectaria tras unos ataques lanzados el pasado jueves por grupos leales al derrocado presidente Bachar al Asad, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Un mes para probar qué ocurrió
Al Sharaa anunció hoy la formación de un comité «independiente» para investigar las «violaciones contra civiles» y averiguar quiénes son los responsables de la «comisión de delitos» en lo sucedido el pasado 6 de marzo.
Este comité está formado por cinco jueces, un general de brigada y un abogado, informó la Presidencia siria en un comunicado firmado por Al Sharaa y donde identifica con nombre y apellidos a sus miembros.
Los siete van a tener treinta días para enviar el informe a Presidencia después de cumplir con las tareas encomendadas, que son, entre otras, «revelar las causas, circunstancias y condiciones que llevaron a que ocurrieran estos eventos», así como «investigar las violaciones contra los civiles e identificar a aquellos que son responsables».
En el cuarto punto se incide que se remitirá a la justicia «a quienes se compruebe que están implicados en la comisión de delitos y violaciones» durante estos actos.
Llamó a todos los organismo gubernamentales relevantes a que cooperen con el comité todo lo necesario para lograr que cumplan sus tareas encomendadas.
Este comité se suma al formado la víspera por el Ministerio de Defensa, que tiene como objetivo «mandar a juicio militar» a los infractores durante las operaciones en la costa mediterránea siria.
De acuerdo al Observatorio Sirio de Derechos Humanos -ONG cuya sede se encuentra en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno-, al menos 745 civiles fueron ejecutados «a sangre fría» a manos de las fuerzas de Damasco desde el jueves, cuando grupos insurgentes leales al derrocado presidente atacaron a tropas de la nueva administración en la provincia de Latakia, feudo de la familia Al Asad y de mayoría alauita.
El ataque desencadenó enfrentamientos a gran escala, en los que se ha utilizado todo tipo de armas pesadas, y que se han extendido a otras provincias como Tartús, también en la costa, y las demarcaciones administrativas centrales de Hama y Homs, donde han muerto en total más de 1.018 personas.
Más de 270 han sido los combatientes fallecidos en la ola de violencia, que ha tenido como principal objetivo a la población civil de la minoría alauita, que según el Observatorio ha sido víctima de «actos de venganza» por parte de los efectivos gubernamentales.
Hasta el momento, el nuevo Gobierno sirio no ha reconocido estos actos ni ha desglosado una cifra de víctimas civiles ni bajas en sus filas.
Regresa la «normalidad» en la costa
El Ministerio de Defensa sirio afirmó que las fuerzas de seguridad han «restablecido la estabilidad» en las provincias costeras del oeste del país tras los cuatro días de violencia.
El portavoz del Ministerio de Defensa, Hasán Abdulghani, aseguró en un comunicado que los combates han cesado en las provincias occidentales del país y que, ahora, las fuerzas de seguridad han iniciado una «segunda fase de las operaciones militares» para «perseguir a los remanentes y oficiales del régimen derrocado».
La agencia oficial de noticias siria SANA indicó que «los mercados y la vida normal han empezado a volver a la ciudad de Jableh (donde comenzaron los ataques), en las afueras de Latakia, después de que se limpiara de restos del antiguo régimen y se estableciera la seguridad en todos sus barrios».
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