Santiago de Chile.- Son 11 etnias y casi el 13 % de la población pero nunca habían sido contemplados en la Constitución: los pueblos originarios de Chile atraviesan un momento histórico que podría concretarse con la aprobación en septiembre de la primera carta magna que les otorga reconocimiento y autonomía.
Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica que no reconoce ni menciona a los indígenas en su texto constitucional, explicó a Efe la peruana Raquel Yrigoyen, doctora en Derecho de la Universidad de Barcelona y asesora sobre temas indígenas en numerosos procesos constituyentes.
Esto podría cambiar el próximo 4 de septiembre, fecha en la que se someterá a plebiscito la nueva Constitución, que reconoce al país como un «Estado plurinacional» y reconoce once etnias: mapuche, aimara, rapanui, lickanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawésqar, yagán, selk’nam.
«El país está ante una oportunidad única de ponerse al día con obligaciones del derecho internacional y con el rumbo que desde hace décadas ha tomado la región», detalló.
«YA SE HIZO HISTORIA»
Se apruebe o no, los indígenas de Chile ya hicieron historia al haber formado parte de la redacción del texto constituyente -con 17 de los 155 escaños del órgano- y al haber logrado que una indígena, Elisa Loncón, lo presidiera, dijo a Efe Rosa Catrileo, constituyente y mapuche -la etnia mayoritaria-.
Es la única vez en los más de 200 años del país en que esto sucede y también es la primera oportunidad que tienen de verse contemplados en la ley fundamental después de 10 constituciones y pese a ser más de 2 de los 19 millones de habitantes del país.
«La nueva Carta Magna es una luz de esperanza y de reconocimiento de derechos estaban pendientes desde hacía décadas, demandas históricas que la élite política se había negado a materializar», expresó Catrileo.
Algunas novedades son «la participación en órganos colegiados con escaños reservados, mecanismos de conservación de la cultura y la lengua y la protección de la naturaleza», enfatizó.
Actualmente, los pueblos indígenas chilenos están contemplados en una ley nacional de 1993, además de estar protegidos por el derecho internacional bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado en 1989, y otros cuerpos jurídicos.
¿CONSTITUCIÓN «INDIGENISTA»?
La propuesta ha sido, en general, «bien acogida» entre las propias comunidades indígenas, que llevan décadas exigiendo reconocimiento y protección de su cultura, dijo a Efe Tomás Jordán, abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado.
«Aun así hay grupos minoritarios que la consideran demasiado progresista, otros la ven como algo alejado de sus demandas y los más radicales piensan que es demasiado moderada», indicó.
Tanto en la campaña a favor de aprobar la nueva Constitución como en la de rechazarla participan rostros indígenas. Los primeros acusan una necesidad de ser contemplados en la ley fundamental, los segundos aseveran que el proyecto no les representa.
Fuera del mundo indígena también hay diversidad: para los promotores de la nueva carta magna, el proyecto repara una deuda histórica, pero quienes abogan por rechazarla señalan que el texto es «indigenista» y que otorga más privilegios a los pueblos originarios que al resto.
El derecho a «libre determinación y autogobierno» (artículo 34) o el reconocimiento de sistemas jurídicos propios (artículo 309) son algunos de los puntos que más polémica han generado, explicó Jordán.
«La derecha no está de acuerdo con que Chile sea un estado plurinacional. Tampoco quieren que los indígenas tengan sus mecanismos de justicia o gobierno. Creen que es discriminatorio e iría en desmedro de los sistemas nacionales», detalló.
Pese a ello, una encuesta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), arrojó que el 95 % de los chilenos sí está a favor de su reconocimiento constitucional.
UN MOMENTO AGRIDULCE
En paralelo al proceso constituyente, el pueblo mapuche -el más numeroso- atraviesa su momento más tenso en décadas. Varias regiones del sur han experimentado una escalada de violencia con ataques incendiarios y tiroteos con víctimas mortales.
Muchos de estos episodios se enmarcan en un histórico conflicto rural que enfrenta al Estado y algunas empresas forestales en manos de grandes grupos económicos con comunidades mapuche que reclaman las tierras que habitaron durante siglos.
Para Salvador Millaleo, uno de los más reconocidos abogados expertos en asuntos indígenas, fue precisamente el «no reconocimiento y la marginación de sus demandas» lo que hizo que se enquistara esta disputa.
«La nueva Constitución trae cambios muy profundos que podrían habilitar una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas -señaló- pero eso dependerá de cómo el Gobierno y el Parlamento la implementen».
En la misma línea, Yrigoyen agregó que «siempre que se suman derechos en conflictos que se dan por falta de reconocimiento, la violencia baja automáticamente».
Patricia Nieto Mariñ EFE
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