La Justicia de Venezuela incrementó en un 16 % el número de sentencias emitidas el año pasado respecto a 2023, hasta un total de 534.393, informó este viernes el Supremo, que presentó el balance correspondiente al 2024 durante el acto de instalación del nuevo periodo judicial.
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la chavista Caryslia Rodríguez, indicó que las distintas salas de la institución «dictaron 5.059 sentencias y, en simultáneo, los demás tribunales de la república, en las diferentes circunscripciones judiciales y las competencias específicas», emitieron 529.334.
Durante el acto, transmitido por el canal estatal VTV, la funcionaria destacó varias de esas decisiones, entre ellas, la sentencia del pasado diciembre que impuso una multa equivalente a 10 millones de dólares estadounidenses a TikTok, «dada su negligencia al no implementar las medidas adecuadas para evitar la difusión de publicaciones con contenido alusivo a los denominados retos virales».
Por otra parte, Rodríguez expresó que «nada ni nadie» apartará a la institución del «camino trazado» por el fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013) y el libertador Simón Bolívar, a la vez que calificó como un «hecho histórico» los comicios presidenciales del 28 de julio, cuando -dijo- el pueblo «soberano se manifestó mayoritaria e inequívocamente reeligiendo al ciudadano Nicolás Maduro».
Venezuela vive una crisis política desatada tras esos comicios, en los que la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- denunció «fraude», al asegurar que su líder, el exembajador Edmundo González Urrutia, es el vencedor, una reclamación que basa en el 85,18 % de las actas electorales que asegura haber reunido gracias a testigos y miembros de mesa.
En un informe publicado el pasado 16 de enero, Human Rights Watch (HRW) advirtió de una «brutal represión» en el país luego de las elecciones, tras las que hubo numerosas protestas contra la cuestionada reelección de Maduro que fueron, según la organización, respondidas con «tácticas represivas».
En el documento, HRW dijo que cientos de personas han sido acusadas de «delitos que, a veces, tienen definiciones muy generales y que conllevan duras penas, como incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo».
Además, los detenidos en este contexto, aseguró la organización, «suelen permanecer incomunicados durante semanas, se les niega el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección y se les presenta en audiencias virtuales, lo que plantea importantes problemas para la administración justa de la justicia».
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