El más reciente informe realizado por la ONG Una Ventana a la Libertad arrojó que 72 detenidos en calabozos policiales del país, entre hombres y mujeres, murieron de tuberculosis y desnutrición durante 2022.
La organización aseguró que las enfermedades son «el enemigo número uno» en los centros de detención preventiva y reseñó que durante el primer semestre de 2022 había, en los calabozos policiales, una población penal de 16.778 detenidos recluidos en un poco más de 500 retenes y de esta cifra se tomó una muestra sólo de 335 calabozos.
Agregó que en el segundo semestre la población penal alcanzaba la cantidad de 16.837 y la muestra estudiada se realizó sólo en 284 calabozos.
El texto señala que entre los fallecidos, en el segundo semestre del año pasado, figuran dos mujeres, una de ellas murió de desnutrición y la otra de tuberculosis.
“El resto de las víctimas eran de sexo masculino, 11 de ellos, es decir, el 42,31 %, murió de tuberculosis”, se lee en el documento.
De acuerdo a la investigación, los detenidos también mueren al presentar patologías como dificultades respiratorias, Covid-19, infartos, epilepsia y convulsiones.
El director de la ONG, Nieto Palma, supone que el número de fallecidos disminuyó significativamente entre un semestre y otro debido a la intervención realizada por la llamada Comisión para la Revolución Judicial, que «realizó algunas jornadas médicas y otorgó libertades plenas y provisionales a algunos detenidos y detenidas que padecen enfermedades crónicas o terminales».
En el documento se explica que las muertes de detenidos se registran, en mayor cantidad, en algunos estados como el Zulia debido al alto índice de hacinamiento y las precarias condiciones en las cuales se encuentran los retenes policiales de esa región.
Casi la mitad de los detenidos están desnutridos
En el informe, UVL indicó que la desnutrición continuó siendo, durante el año 2022, el principal problema de salud que se encontró en los alertas que se emitieron durante el mencionado período.
Explicó que 49,54 % de los 432 casos identificados durante el segundo semestre del 2022 presentan problemas de alimentación.
La organización consideró que casi la mitad de los detenidos que fueron estudiados están desnutridos y precisó que esto es consecuencia de que el derecho a la alimentación no es cubierto, como corresponde, por el Estado venezolano.
“Se ha delegado esta responsabilidad en la familia de las personas que se encuentran detenidas. Esto sí es una flagrante violación del derecho humano a la salud y a la vida de parte del Gobierno Nacional”, se lee en el referido informe.
Además, destacó que la tuberculosis sigue cobrando vidas en los calabozos monitoreados por la organización.
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