La Asamblea de Ciudadanos de Caroní celebró la rescisión del contrato con la empresa recolectora de desechos Fospuca, lucha que mara un fina luego de tres años de lucha cívica, legal y protestas en la ciudad.
La decisión, anunciada por la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García; es vista por la organización más allá de las tarifas impagables, métodos de cobro abusivos e ilegalidades, un cambio político y administrativo de Caroní.
El ingeniero Simón Yegres, vocero principal de la Asamblea de Ciudadanos, expresó su satisfacción y aplaudió la decisión de las autoridades regionales, subrayando que la rescisión es la respuesta a sus exigencias constantes frente a los abusos y cobros indebidos.
Yegres reivindicó la lucha de comerciantes y ciudadanos que, enfrentando agresiones y miedo, acudieron a la Defensoría, la Fiscalía y los Tribunales.
Asimismo, recordó los 155 trámites de embargo registrados, agradeciendo especialmente la «entereza» de víctimas emblemáticas como ‘Repuestos Star Motors’ y ‘Fundición Marca’.
El ingeniero responsabilizó a las autoridades salientes por la corresponsabilidad «por comisión u omisión» en la crisis generada.
Isturiz: materialización de la justicia
Por su parte, el asesor de la Asamblea, Félix Isturiz calificó el anuncio como la materialización de la justicia con la reapertura del portal fiscal, que estaba bloqueado y evita que los empresarios estuvieran al día con los impuestos, que se ha percibido como la prueba de que «el trabajo legal rindió frutos».
Asimismo, el también representante del Colegio de Abogados explicó que la acción legal buscaba cesar la violación a los derechos, específicamente el impedimento del acceso al portal.
El abogado concluyó que este desenlace envía un mensaje de esperanza «es posible creer en la lucha ciudadana.
¿Qué viene ahora?
Pese al cese de las operaciones de Fospuca en Ciudad Guayana, la Asamblea de Ciudadanos, aclaró que continuará su vigilancia, pues, todavía quedan muchos pendientes por resolver.
Una de esos pendientes, es la búsqueda de soluciones e indemnización de daños para los que sufrieron embargos y la ilegalidad de las multas aplicadas, donde Yegres prometió seguir acompañando a cada afectado en sus reclamos judiciales.
Otro y la prioridad en este momento, es la construcción de una nueva Ordenanza de Aseo Urbano.
La Asamblea exige una consulta amplia que garantice la participación real de gremios, instituciones y ciudadanos, tal como lo dicta la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Para finalziar, Simón Yegres sentenció que «nunca más se deben otorgar poderes de autoridad municipal a empresas privadas».
A su vez, instó a la ciudadanía a tener paciencia y una actitud colaboradora durante la transición del servicio de aseo.
La Asamblea de Ciudadanos cerró este capítulo, contrastando con la posición de los gremios empresariales, quienes optaron por una postura de «borrón y cuenta nueva», lo que la Asamblea considera un riesgo de impunidad para los responsables.
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