Bolivia conmemora este domingo el centenario de la Ley de Imprenta, una norma que ha resistido a las transformaciones políticas del país, considerada como una de las más longevas de la región y un instrumento que protege la libertad de expresión de los ciudadanos y los periodistas.
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, dijo a EFE que la ley «ha sido declarada patrimonio jurídico del periodismo boliviano» puesto que «ha protegido la actividad periodística con todas sus limitaciones».
Alanes destacó que los principios que se señalan en la norma y que han permanecido por décadas son «la prohibición de la censura previa, la prohibición del cierre de medios y el establecimiento de tribunales especiales para juzgar los delitos de imprenta».
La Ley de Imprenta entró en vigor durante el Gobierno del presidente Bautista Saavedra (1921-1925), en el año del primer centenario de la fundación de Bolivia.
Algunos estudios señalan que, durante el siglo XIX, la libertad de imprenta fue válida durante el mandato de Antonio José de Sucre (1926-1928) y el periodo final de la Confederación Perú-Boliviana (1939).
La primera Constitución boliviana (1926) declaró que «todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos por medio de una imprenta», pero, con los posteriores cambios constitucionales y legales, la libertad de imprenta fue objeto de limitaciones, algunos avances y varios retrocesos.
En el primer cuarto del siglo XX, se establecieron nuevos ajustes legales en los que se clasificaron los delitos de imprenta agrupados en los que atentan contra la Constitución, las publicaciones que buscaban confundir a la población y la injuria hacia personas en instituciones.
El abogado y periodista Andrés Gómez mencionó a EFE que aunque la edad cronológica de la Ley de Imprenta es de 100 años, «su edad de su aplicación es muy corta y se restringe a los 42 años de democracia», que comenzaron en 1982.
Esta interrupción de la aplicación de la ley se debió a momentos cruciales en la historia de Bolivia como la Guerra del Chaco (1932-1935), entre Bolivia y Paraguay, la Revolución Nacional (1952-1964) y el periodo de dictaduras militares (1964-1982), entre los más importantes.
En 1987, ya en democracia, una propuesta legislativa buscó tipificar los delitos de imprenta dentro del Código Penal y fue aprobada por el Senado, pero finalmente la llamada «ley mordaza» obtuvo el rechazo en la Cámara de Diputados, luego de un año de oposición de los gremios de periodistas y sectores sociales.
Actualización de la ley
La actualización de la Ley de Imprenta de 1925 es un tema polémico dentro de los círculos periodísticos, ya que el asunto enfrenta a quienes consideran que debe mantenerse y los que plantean una adecuación a los nuevos tiempos y la tecnología.
La presidenta de la ANPB consideró que «las veces que se ha intentado avanzar por el camino de la modernización de la ley, se ha chocado con los intentos para restringir derechos», por lo que piensa que se deben tomar otros caminos.
Recientemente, los gremios de periodistas han impulsado un proyecto de ley de acceso a la información pública que en noviembre del año pasado pasó el filtro del Senado, aunque falta la aprobación de la Cámara de Diputados.
Esa propuesta normativa establece que, por ejemplo, no se podrá invocar excepciones «en casos de violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y/o corrupción» de instituciones o funcionarios públicos y tiene su espíritu en los principios del derecho internacional.
Por su parte, Gómez señaló que la Ley de Imprenta «debiera actualizarse» principalmente ante la aparición de la inteligencia artificial que, según dijo, se convertirá en un «sujeto de derecho» en los siguientes años.
Asimismo, este experto indicó que para que ese ajuste se produzca óptimamente debe existir una «atmósfera política democrática» para lograr un acercamiento entre los diferentes actores involucrados en la libertad de expresión que no solo son los periodistas.
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